Por una sociedad más inclusiva

Burlas, marginación, falta de acceso a trabajo, salud y educación, además de dificultades para la movilidad debido a la falta de estructuras urbanas adecuadas. Estos son tan solo algunos de los ejemplos de las dificultades por las que pasan las personas con discapacidad en nuestro país.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo existen 600 millones de personas con discapacidad, y el 75 por ciento de ellas se encuentra en países del tercer mundo en condiciones de pobreza y/o marginalidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el 15 por ciento de la población mundial sufre de discapacidad. En Paraguay, de acuerdo a un estudio realizado por la JICA, el 17 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, es decir cerca de 1.020.000 personas, y la cifra aumenta como consecuencia de los accidentes automovilísticos.

Shirley Ayala, de la Fundación Saraki, señaló a ABC Color que en Paraguay todavía hay mucho trabajo por realizar en cuanto a la inclusión.

“Todavía falta mucho que incorporar, por ejemplo en el tema de la accesibilidad en los espacios públicos y urbanos, así como laboralmente tanto en el sector público como en el privado”, relató.

Ayala indicó que actualmente unas 900 personas con discapacidad fueron insertadas laboralmente en entes estatales. Sin embargo, es en el sector privado donde todavía no se ha logrado el mismo impacto.

En Paraguay, para dar cumplimiento a la normativa legal de reserva de empleos públicos para PcD, se deberían incluir laboralmente a unas 11.000 personas con discapacidad.

En nuestro país existen varias leyes que tienen como finalidad crear un entorno más inclusivo para las personas con discapacidad.

Las legislaciones contemplan la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad, la supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad física y sensorial y personas mayores. Igualmente, exoneran a las personas con discapacidad visual (no videntes) del pago de pasaje en el transporte terrestre.

Sin embargo, apuntó Ayala, en muchos casos no se cumple con las normativas ya existentes. Agregó que el cumplimiento de las legislaciones ya existentes favorecerá la creación de una sociedad más inclusiva.

Ayala resaltó que el principal problema es romper con los prejuicios que evitan la incorporación de las personas con discapacidad para su desarrollo total. “Es importante recalcar el cambio de mirada hacia la discapacidad, las personas no son 'discapacitadas' sino que presentan una discapacidad; es el entorno el que las incapacita”, expresó.

“No se los tiene que ver como una carga para la sociedad o el Estado, sino como personas que desde su condición pueden aportar para el desarrollo”, agregó.

Señaló que si la sociedad es inclusiva y elimina las barreras que entorpecen el desarrollo de las personas con discapacidad, ellas podrán avanzar y desenvolverse en forma plena. “Si no las vemos como personas con derecho, las dificultades tanto arquitectónicas como sociales van a seguir”, acotó.

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

El proyecto fue dictaminado por la Comisión de Equidad Social y Género.

Ayala explicó que la novel institución cumplirá con la función de establecer diálogos con otras para el cumplimiento de las legislaciones y la creación de políticas inclusivas para las personas con discapacidad.

“Tiene como fin ser un ente que realice un trabajo transversal con las demás instituciones”, finalizó.

Nuestro país ha dado un primer paso en el largo camino que nos queda todavía por crear una sociedad más inclusiva con todos sus componentes.