Los cuidados intensivos forman parte de la larga lista de falencias del sistema de salud pública de Paraguay. Más de la mitad del territorio nacional no cuenta con una sola cama de terapia. Las muertes por falta de este servicio son numerosas.
Juan Martínez tenía 46 años y era oriundo de Edelira, uno de los 30 distritos que conforman el departamento de Itapúa, en la zona sur de Paraguay. En junio pasado, el hombre que trabajaba como comunicador de una radioemisora de su localidad, sufrió un cuadro respiratorio grave, por lo que tuvieron que trasladarlo al hospital distrital de María Auxiliadora, en ese lugar sufrió múltiples paros cardíacos y tuvo que ser trasladado al hospital Regional de Encarnación.
Don Juan llegó con vida a Encarnación, algo que para su grave situación parecía ser aún alentador. Sin embargo; al llegar a la capital departamental se topó con que las 6 camas de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional estaban ocupadas.
Su familia intentó buscar lugar en algún centro asistencial privado, pero luego de resistir 16 paros cardíacos, el comunicador falleció antes de que le encontraran un lugar donde pudiera recibir los tratamientos necesarios.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Situaciones como las de Juan Martínez son numerosas y casi diarias en Paraguay, debido a la escasez de camas de terapia intensiva en el sistema de salud público.
Datos oficiales del Ministerio de Salud Pública a los que ABC Color tuvo acceso gracias a una solicitud de acceso a la información pública revelan que en los 406.752 kilómetros cuadrados de superficie existen apenas 261 camas de terapia intensiva divididas entre adultas, pediátricas y neonatales.
Es decir, existe 1 cama por cada 26.000 habitantes del territorio nacional dentro del sistema de salud público.
De los 17 departamentos en los que se divide el territorio paraguayo, solo 8 cuentan con camas de terapia intensiva; mientras que los restantes 9 no cuentan ni siquiera con una sola unidad para tratamientos de alta complejidad.
De las 261 camas, el 77% de ellas (203) se encuentran distribuidas en poco más de una decena de centros asistenciales de Asunción y el departamento Central.
El departamento de Caaguazú, con 13 camas para 121.000 habitantes, es el que ocupa el segundo lugar entre los que dispone de mayor cantidad de puestos de cuidados intensivos. Después llegan Alto Paraná con 11 camas para 801.790 e Itapúa con 10 camas para 584.201 habitantes.
Luego están San Pedro con 8 camas; Cordillera, con 6; Concepción y Guairá con 5 camas cada departamento.
Un total de 314.429 kilómetros cuadrados de la superficie nacional (77% del territorio nacional) no cuenta siquiera con una sola cama de terapia intensiva. Alrededor de 1.110.834 personas habitan en esos 9 departamentos que no cuentan con cobertura de cuidados intensivos.
El caso más representativo de la ausencia total del sistema de salud público es, sin lugar a dudas, el del Chaco paraguayo. Ninguno de los tres departamentos de la Región Occidental (Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay) cuenta con camas de terapia intensiva.
Ante la desesperación de ver a un familiar apagarse rápidamente y la falta de respuesta por parte de la salud pública rebasada, numerosos son los casos de familiares que deciden recurrir a la justica para que, a través de un amparo, el Estado se haga cargo de pagar los costosos tratamientos de cuidados intensivos en sanatorios privados.
En setiembre del año pasado, Eugenio Vázquez (73), falleció en Capiatá mientras sus familiares intentaban conseguirle una cama de terapia intensiva. En aquella oportunidad, uno de sus hijos, había denunciado el deficiente servicio sanitario y la lentitud de la justicia para otorgarle un amparo y así ser derivado a un centro asistencial privado.
El 18 de setiembre de 2015, el médico de guardia le manifestó a los hijos de don Eugenio que su padre necesitaba ingresar a una unidad de cuidados intensivos y que debía buscar un lugar en el sector privado. El Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (Seme) no estaba encontrando una cama en un hospital público.
Ante este hecho y debido a que son de escasos recursos, acudieron a la Defensoría Pública, donde les ayudaron a hacer el papeleo, a fin de posibilitar el traslado por orden judicial a un sanatorio, para que luego el Ministerio de Salud pudiese pagar el costo. A las 17:00 se acudió al Juzgado de San Lorenzo, pero el hombre falleció alrededor de las 20:30, mientras aguardaba a la jueza que debía firmar la orden.
De acuerdo a versiones a las que tuvo acceso nuestro diario, varios han sido los casos de sanatorios privados que han decidido disminuir el número de camas en sus unidades de terapia intensiva debido a que se han visto forzados a recibir pacientes que no contaban con lugar en el sistema público y por los cuales nunca cobraron, a pesar de que existían sendas resoluciones judiciales que obligaban al estado paraguayo a cumplir con estas obligaciones.
El Dr. Raúl Latorre, director general de servicios y redes de salud del Ministerio de Salud Pública, indicó a ABC Color que los sistemas de salud son diseñados en base a una serie de cuestiones como las distancias entre centros asistenciales, tipos de atención que mayoritariamente se requieren, la edad predominante y otros factores.
Aseguró que desde la llegada de Antonio Barrios a la cartera estatal se ha registrado un crecimiento en el número de camas de cuidados intensivos y se ha procedido a la descentralización de los servicios de salud pública.
Latorre destacó que, en un trabajo coordinado con la Procuraduría General de la República y la Senatics, se ha conseguido instalar un sistema informático que cada seis horas actualiza en tiempo real la disponibilidad de las camas de terapia intensiva. Sin embargo, no son pocos los casos en los que familiares deben recorrer horas y horas, golpeando numerosas puertas, para conseguir una cama para algún paciente en estado crítico.
Casos como los de don Juan y don Eugenio podrían ser menos recurrentes, si los fondos que deberían ser utilizados para el mejoramiento del sistema de salud público fueran destinados a ello y no a otras cuestiones.
En 2013, por ejemplo, el Ministerio de Salud usó de manera irregular unos G. 6.000 millones del dinero que recibió del Fonacide. Así consta en un informe de la Contraloría General de la República publicado en setiembre de 2014.
De acuerdo al informe de la CGR, Salud Pública utilizó esos G. 6.000 millones para la compra de combustibles y lubricantes. La irregularidad radica en que, de acuerdo a lo establecido por la ley del Fonacide, ese dinero no puede ser utilizado para cuestiones como ésta.
La ley establece que esos fondos deben ser destinados a: Plan de fortalecimiento y renovación tecnológica de hospitales; Complemento para la adquisición de medicamentos de alto costo y medicina de alta complejidad; Fortalecimiento de los servicios hospitalarios y de unidades de cuidados intensivos, con énfasis en el interior del país; Fortalecimiento de los laboratorios de Hospitales; Fortalecimiento de programas de apoyo de la atención integral de la mujer embarazada, niños menores de 5 años y adultos mayores y Apoyo al desarrollo de los recursos humanos con énfasis en salud pública e investigación relacionados a la salud.
En ningún momento se permite la utilización para la compra de combustibles. Ese dinero pudo haber sido destinado para la instalación de unas 14 unidades de terapia intensiva.
Así las cosas, la salud pública paraguaya se encuentra en terapia.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano
Infografía: Rodrigo Daniel Pujol (rodrigo.vergara@abc.com.py - @PujolRodrigo)