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Para tener acceso a espacios cómodos, se paga. Para tener elementos de aseo personal, se paga. Para acceder a comidas más ricas, se paga. Para tener acceso a la sanidad, se paga. Se paga por todo, esto ya advertía el Mecanismo de Prevención de la Tortura en el 2014 tras visitar el penal de PJC y tres años después, esta práctica continúa.
Ya se había recomendado y se vuelve a insistir en esta oportunidad con establecer mecanismos anticorrupción, pues no solamente se venden mejores condiciones de vida, que les debería estar garantizadas, sino también pueden comprar sustancias prohibidas, como drogas y bebidas alcohólicas.
Las torturas y malos tratos tampoco cesan y parecen ser una práctica muy arraigada en la microcultura de la penitenciaría. Los patrones se repiten en cada visita y las denuncias incuso se registran después de que se entreguen informes.
La violencia de los guardias es una constante en todos los niveles, pero la situación es peor para aquellos que se encuentran en los sectores más decadentes de la penitenciaría, los pabellones B Alta y B Baja, donde son albergados las personas trasladadas desde Asunción y Emboscada. Son aquellos que no pueden “comprar” comodidades, los más vulnerables. Los golpes de puño y patadas son una constante práctica de los custodios.
Las golpizas ocurren en los pasillos, a la vista de todos los internos. Aquellos que serán destinados a las torturas son extraídos de sus celdas generalmente tras cateos y son golpeados con garrotes que los guardias bautizan con peculiares nombres.
Entre los elementos utilizados para golpear a los internos se citan una varilla de 12 milímetros de grosor, forrada con cable apodada “Pyno’i”; un garrote de madera conocido como “Ajenjo” y el temido “Quiero más”, una manguera rellena de arena y recubierta con cuero en el extremo. “Amansaloco” y “Paíno” cierran la lista de los elementos con identidad propia que utilizan los guardias para golpear.
Los castigos físicos pueden ir mucho más allá. Hay ocasiones en que los custodios efectúan disparos de escopeta muy cerca del rostro de los reos, los que pueden causarle aturdimiento que puede durar varios días.
Las torturas pueden ascender aún más en la escala, mientras más abajo son llevados los internos. Existe una pequeña celda, conocida como “cuarto oscuro” ubicada en la parte frontal del recinto carcelario, donde se los aísla para torturarlos. “Escalerita del dolor” es otro sitio de torturas, una escalera enrejada que conduce a la planta baja, que hace de improvisada área de aislamiento.
En agosto del 2016 la población era de 768 varones y mujeres, lo que constituía una situación de hacinamiento, ya que las instalaciones solo están preparadas para 516 personas. Se recomendó al Ministerio de Justicia y a las autoridades del reclusorio reducir la cantidad de presos, pero un año después se comprueba que no se hizo nada al respecto, sino que el problema creció: a agosto del 2017 la población ascendía a 829 personas.
Sumado a este factor, la sanidad tampoco ha mejorado, continúa con las mismas deficiencias notadas con anterioridad y advertidas hasta al Ministerio de Justicia. El personal de blanco insuficiente obliga a los propios internos a dar respuesta al servicio de salud en los momentos en que no hay profesionales de enfermería; incluso pueden ocuparse de preparar a los pacientes para traslados.
Las peores condiciones de vida dentro del penal la tienen los indígenas, transexuales, enfermos mentales, portadores de VIH, enfermos crónicos - como diabéticos y adictos a las drogas. Se encuentran dispersos en diferentes pabellones y no tienen seguimiento cercano del personal de salud. Muchos de ellos ni siquiera reciben un tratamiento acorde a su condición.
No hay camillas o sillas de ruedas para retirar a pacientes heridos o enfermos de las celdas, por lo general son llevados en brazos por sus compañeros y queda a criterio de los guardias que lleguen o no a la sanidad.
No hay historial médico, no se evalúa a los presos confinados en el aislamiento; no se pudo comprobar un trabajo interdisciplinario. Cada enfermero anota de forma aislada su procedimiento, lo que expone que no hay seguimiento médico ni tratamiento sostenido.
Hay una larga lista de recomendaciones que el MNP hizo entre el 2014 y el 2016. Entre las más importantes se citan la remoción de Hugo Zarza como director de la Penitenciaría Regional de PJC, disminuir el hacinamiento, abolir los traslados arbitrarios, diseñar y pone en práctica un plan que ponga final a la corrupción en el penal, modernizar los sistemas de control, entre otros que alcanzan a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y el Ministerio de Salud.