Tras los pasos de la mayor red de evasión

Una serie de controles realizados por funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con respecto a grandes contribuyentes dieron el punto de inicio. Los fiscalizadores encontraron algunas cuestiones llamativas en una operación de unos G. 55.000 millones.

A partir de ese hallazgo dieron inicio a controles cruzados sobre esa empresa y otras cinco más; todas vinculadas por sus propietarios o apoderados. La SET se topó con varias inconsistencias entre las declaraciones juradas de estas empresas y las de otras que aparecían como clientes de las primeras.

La SET decidió entonces presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Partiendo del análisis presentado por Tributación y de los propios, la Fiscalía decidió que era necesario abrir una investigación para llegar al fondo de esta cuestión.

El siguiente paso fue el asegurar una serie de evidencias consistente en los comprobantes que se habrían utilizados para las supuestas operaciones ficticias, relató el fiscal René Fernández, de la Unidad de Delitos Económicos, en conversación con ABC Color.

Para conseguir esos documentos, en una misma tarde se realizaron seis allanamientos; todos en forma simultánea en distintos locales, domicilios particulares y direcciones fiscales de las seis empresas. Durante los procedimientos, se obtuvieron unas 17.850 facturas que debían ser analizadas.

Con apenas el tres por ciento de ese universo analizado y la investigación recién iniciada, el Ministerio Público y la Secretaría de Tributación convocaron a una reunión en la que dieron a conocer la existencia de una supuesta megared de evasión y lavado de dinero. Una primera muestra de 547 facturas sirvió para detectar una facturación supuestamente ficticia por unos G. 93.000 millones.

Fernández explicó que a medida que continuaron con los anális cruzados realizados por funcionarios de ambas entidades, se llegó a una conclusión preliminar de que la cantidad de facturación de estas empresas que asciende a G. 344.000 millones detectados como facturación simulada.

“Probablemente sea el caso más grande que haya sido iniciado teniendo en consideración esa facturación. Tenemos otros casos que se han iniciado, similares, pero nunca con esa facturación”, asevera.

Básicamente, esta red operaba de la siguiente manera: unas seis empresas supuestamente de fachada, todas ellas vinculadas de alguna u otra manera, expedían facturas falsas a otras firmas que utilizaban estos documentos para abultar los datos deducibles en relación al impuesto a la renta comercial y el crédito IVA. Es decir, para evitar pagar impuestos.

Las empresas ficticias, relata Fernández, presentaban un abanico bastante grande de actividades con la finalidad de poder otorgar facturas a distintas empresas. Tanto es así que en algunos casos las actividades no presentaban mucha coherencia; por ejemplo una misma empresa decía dedicarse a trabajos de consultoría de empresas y a la vez era una constructora; o un taller mecánico y al mismo tiempo una asesoría contable.“Había incongruencias en la naturaleza de las empresas, eran demasiado variadas las supuestas actividades de las empresas”, afirmó Fernández.

En medio del esquema, el nombre de dos exfuncionarios de la SET, Miguel Centurión Carmona y Gregorio Luis Enrique Beltrán Gómez, aparecían vinculados a todas las empresas; en algunos como asociados, otras como propietarios, representantes legales, asesores contables o auditores. La investigación fiscal apunta a ambos comos los supuestos cerebros del esquema descubierto.

Unas 277 empresas son las que habrían adquirido las facturas falsas; entre ellas se encuentran varias de renombre y catalogadas como grandes contribuyentes. Se citan a las fimas Alpatex SACI, Intercom Ingeniería S.A., Divisa Automotores S.A., Anahí S.A. Industrial, Supermercado El País S.A., Kennedy & Compañía S.A., Zaracho Méndez Oscar Osvaldo, Paraguay Taxtil S.A., Impacto S.A., Mepshow S.A., entre otras.

El representante del Ministerio Público manifestó que en el caso de las empresas que adquirieron los documentos falsos, hay una pena de hasta cinco años por evasión de impuestos; respecto a las personas vinculadas a esas empresas de fachada, hay una expectativa de hasta diez años “porque la imputación además de la asociación criminal hace referencia a una asociación para cometer actos de lavado de dinero”.

Reconoció que esquemas como éste son bastante comunes en nuestro país aunque en los últimos tiempos, con el avance de los controles informáticos y cruzados realizados por distintitas instituciones públicas, han disminuido. “Pero evidentemente que siguen operando. Anteriormente era bastante fácil habilitar una unipersonal o una razón social para realizar importaciones sin pagar impuestos aduaneros”, acotó.

“Hoy día existen varias denuncias en la Fiscalía de casos similares a este, pero no llegan a esa facturación”, sentenció.