Una “luz de esperanza”

Muchos, quizás, no lleguemos a entender las consecuencias del tráfico y el consumo de drogas prohibidas, a no ser que seamos familiar cercano del adicto o un afectado directo que ha logrado salir, gracias a la ayuda de otros.

Las estadísticas son cada vez más preocupantes. Una reciente publicación de la Corte Suprema de Justicia, sobre “Justicia juvenil restaurativa en Paraguay”, revela que más del 30% de la sociedad paraguaya forma parte de la población menor a 15 años de edad, según censo del año 2015.

Señala, entre otras cosas, que una buena parte de la población adolescente es protagonista de movimientos estudiantiles que, acertados o no, procuran un cambio en la sociedad, que se expresan a favor de una mejor educación, se perfilan liderazgos acompañados de sus padres, tienen una presencia importante y esperanzadora para el país.

Alerta, sin embargo, que hay un número cada vez mayor de adolescentes que no tienen acceso o sufren la interrupción del acceso al goce de sus derechos básicos que, a su vez, los lleva a iniciarse desde temprana edad en el mundo delictivo que luego derivan en el tráfico y consumo de estupefacientes.

Esto ha llevado a muchas organizaciones civiles a tratar de ayudar a la rehabilitación de los afectados, pero lo han venido haciendo “a pulmón”, con recursos que nunca son suficientes como para llevar adelante un trabajo completo.

No obstante, hoy existe la esperanza de esta labor sea respaldada a través de recursos que se originarán en bienes incautados a los narcotraficantes y “lavadores” de activos.

Hace nueve meses entró en funciones la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados (Senabico), creada por la Ley N° 5876/2017, “De administración de bienes incautados y comisados, que prevé la primera subasta de estos bienes en julio de este año, en la que se pondrá en remate una gran cantidad de cosas secuestradas a los ilegales.

Precisamente, de acuerdo a los datos de la novel secretaría, la primera subasta estaba prevista para este mes de junio, pero fue postergada para julio, debido a algunas cuestiones jurídicas “que no son tan automáticas”, según explicó su titular, Karina Gómez.

Añadió que, precisamente, firmaron un convenio con la Corte Suprema de Justicia, de modo a empezar a sacar acordadas con los jueces de sentencia y con los demás magistrados. “Si bien tenemos un inventario amplio de bienes, todavía no está consolidado el tema de cuáles están en condiciones para ser subastados”, destacó la ministra.

Consultada sobre la forma de distribución, tanto del dinero originado con las subastas, como el que se encuentra en cuentas bancarias, que también entran en la “repartija”, la funcionaria dijo que la ley establece que el 50% va para causas sociales: Reinserción social, rehabilitación de adictos y prevención de hechos punibles.

Agregó que el 50% restante se divide en varias partes. Del 25% se reparten el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Senad y/o Policía nacional, según cuál de estas instituciones hizo el procedimiento, en tanto que Senabico se queda con el otro 25%, destinado a cubrir los gastos de administración de los bienes, y para que el día de mañana la institución deje de depender del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Consultada sobre el procedimiento en cuanto a la distribución a las organizaciones civiles, Gómez dijo que va a ser abierto y que el financiamiento de cada proyecto social tiene que salir por decreto.

Sobre el punto, señaló la idea es emitir un “formato único”, propuesta por la Senabico, de modo que el proyecto que se presente tenga ese formato. Aclaró que puede presentarse cualquier organización privada, que trabaje en esos menesteres.

La ministra aclaró asimismo que en los casos de ONGs, la normativa exige que tenga cinco años de creación y funcionamiento, porque de lo contrario el día de mañana se presentará un montón de entidades nuevas, sin experiencias, que quieren plata para rehabilitación. "Nosotros queremos que sea un organismo conocido y que realmente tenga la sostenibilidad para desarrollar el proyecto”.

Advirtió asimismo que no van a entregar montos totales a las organizaciones sociales, sino por etapas. Acotó que la que acceda a los recursos administrados va a tener que cumplir totalmente cada etapa para seguir accediendo a los pagos de las siguientes etapas, “porque de lo contrario no vamos a tener forma de controlar eso”.

Consultado sobre el tema, Carlos Vitar, presidente de Padres Unidos en el Amor y la Fe (PUAFE), destacó que están "muy esperanzados" en los resultados de la labor de Senabico. “Es el concepto de ayuda que precisamos las entidades que nos dedicamos a esta sensible enfermedad, y como parte interesada nos gustaría que la prensa sea un contralor de la transparencia de este proyecto, de forma que los recursos lleguen a las instituciones dedicadas a tan importante labor”, enfatizó.

Comentó que la organización que él preside cuenta actualmente con un local arrendado en Nueva Italia, Departamento Central, en la compañía de Pindoty, con capacidad para 12 camas en internación. “Atendemos a adolescentes de 14 a 18 años, que son las edades más vulnerables”, dijo.

Vitar informó asimismo que la organización ha recibido en donación de la Municipalidad de Nueva Italia un terreno de dos hectáreas, donde piensa construir una “Comunidad Terapéutica” de mayor capacidad, cuyo costo orilla los G. 700 millones. “Ese proyecto lo hemos presentado a la Senabico”, destacó el dirigente social.

Según datos de la secretaría de Estado, hasta la fecha alrededor de 20 organizaciones civiles, que se dedican a causas sociales se han presentado sus respectivos proyectos, solicitando financiamiento.

Por otra parte, la titular de Senabico, Karina Gómez, comentó que el tema de la administración de bienes (originados en el narcotráfico y lavado de activos) es una tendencia en toda América Latina, y que empezó con los países centroamericanos.

Dijo que procede de un proyecto denominado “Vidal”, que se desprende de un programa específico de CICAT-OEA, que fue el que impulsó su implementación también en nuestro país.

Recordó que en el 2015, OEA-CICAT aporta al Paraguay un financiamiento, con una contraparte de que la Senad se hizo cargo en ese momento, para la elaboración del proyecto de ley relativa a la administración de bienes en sí, que entró en estudio en ese mismo año, y promulgado en setiembre del 2017.

“A mi tocó asumir a mediados de octubre del 2017, en un momento en que el presupuesto nacional ya se estaba estudiando en el Parlamento, y yo estaba sola. En todos estos meses pude visitar varios países donde está funcionando la administración de estos bienes”, manifestó.

Requerida por qué es importante una institución como la Senabico, contestó: “Por dos razones fundamentales. La primera es que la ley está hecha para que pueda manejar lo que se incauta en los procedimientos, no solamente del narcotráfico, aunque a este se lo toma como punto principal, porque es el que más dinero genera, y es un hecho precedente del lavado de dinero”.

Dijo que lo que al Estado le interesa ahora mismo es cuidar que esos bienes que no se destruyan o se pierdan, de modo a mantenerlos (en buen estado) para el tiempo de la subasta y no pierda su valor económico.

Consultada sobre el tiempo que lleva entre la incautación y la subasta, Karina señaló que eso depende del proceso judicial que, a su vez, tiene dos aristas: Una vez que esté comisado y que la Senabico recibe esa notificación específica (sentencia judicial), el bien puede ir a subasta y el dinero depositado en cuantas bancarias puede ser repartido.