La universidad estatal excluye a los pobres

Propios y extraños han dicho hasta el hartazgo que si el Paraguay pretende crecer y reducir la pobreza, debe invertir más y mejor en educación. Sin embargo, lo que hoy se destina a este sector está generando graves inequidades.

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La inequidad es producida por el propio Estado, que destina los recursos públicos aportados por todos los paraguayos, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que es gratuita pero donde los lugares son acaparados por la franja poblacional más pudiente.

El Informe de Finanzas Públicas del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2018, presentado recientemente por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional, revela que las familias más vulnerables se benefician más del gasto público en educación primaria y secundaria que los más ricos, dado que tienden a asistir a instituciones públicas en “mayor cuantía”.

Añade que los cuatro primeros deciles de ingresos (ver gráfico) concentran el 60% del gasto público en educación primaria y la mitad del gasto en educación secundaria, que normalmente son calificados como mediocres, malos y muy malos.

Por otra parte, dada la relativa baja participación de este grupo en educación terciaria (estatal), este recibe sólo el 13% del gasto en educación terciaria, mientras los cuatro deciles más ricos se llevan cerca del 80% del mismo.

En consecuencia, dice el informe, los gastos en educación primaria y secundaria son “pro pobres”; mientras que el gasto en educación terciaria, si bien no es pro pobre, tampoco es regresivo, por lo que se observa un “resultado neutro”. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que se trata de una suerte de “acaparamiento” de las oportunidades, en detrimento de los más pobres.

Consultado sobre estos datos, Humberto Colmán, viceministro de Economía, del Ministerio de Hacienda, explicó que lo que se hizo fue cruzar la información del presupuesto, que indica cuánto se gasta en cada uno de los niveles educativos, y la información proporcionada por la Encuesta de Hogares, de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), sobre qué segmentos de la población acceden a esa educación.

El funcionario admitió que las personas que llegan a la educación terciaria pública son gente de los estratos de ingresos más altos. “Pero esto no es algo que ocurre solo en el Paraguay, sino en todas partes del mundo, porque aunque el Estado cubra (con el presupuesto) la educación terciaria, hay algunos gastos involucrados que la gente de ingresos bajos no puede solventar, y muchas veces tiene que trabajar para generar esos ingresos. En la educación primaria y secundaria sucede al revés”, destacó.

Preguntado si esto no implica una desigualdad en cuanto a las oportunidades, Colmán respondió: “Claro que sí, porque las personas que vienen de colegios privados son los que ingresan en las universidades financiadas por el Estado”.

Consultado cómo se puede cambiar la situación actual, el funcionario expresó que esa es una problemática que la sociedad debe discutir. Dijo que en otros países se está avanzando en esto, donde a la gente de mayores recursos se le obliga a pagar una matrícula y una cuota, mientras que la gente de los estratos más bajos no solamente tiene el derecho de ingresar a las mismas carreras universitarias, sino también a contar con una suerte de subsidio para poder seguir la carrera que elija, y aprovechar el talento y el potencial que tiene.

Por su lado, el Dr. Enrique Bendaña, rector de la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), dijo que la oportunidad probablemente existe, pero que los compatriotas de escasos recursos tienen que trabajar para sobrevivir, y que hacer ambas cosas al mismo tiempo es casi imposible, dado que al estar matriculado en una universidad implica meterse en carreras de ocho horas al día, y el alumno no puede trabajar, salvo los fines de semana y/o de noche.

“Entonces, la gente pobre no puede darse ese ‘lujo’, de modo que las autoridades y la sociedad tendrían que analizar esa falta de equidad, si existiera, pero probablemente hay por algunas razones”, expresó.

Preguntado qué propondría para que la gente de escasos recursos, con inteligencia y talentos pueda tener la misma oportunidad de estudiar carreras como ingeniería, medicina, etc., contestó: “Por ejemplo, lo que estamos proponiendo en la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) es que Itaipú aumente significativamente las becas para estudios de grado”.

Añadió que para posgrados se tiene la Beca Carlos Antonio López (Becal), “que está trabajando bastante bien”. Añadió que Itaipú también está trabajando bien, en el sentido de que no se politizado todavía el tema. “El presidente Horacio Cartes ha dado orden de que a todos los que están en condiciones después de su examen se les otorgue la beca, pero eso no quiere decir que no vayan a politizar”, remarcó.

Sobre el punto, añadió que habría que analizar si se le da a la gente de muy escasos recursos algún “dinero de bolsillo” para poder sobrevivir. “Pero este es un tema que hay que poner sobre la mesa y discutir para ver qué estamos haciendo realmente con la gente pobre. En la UPA, por ejemplo, el mejor alumno es un becario de un pueblito de Caazapá, y es la prueba de que la gente que no tiene dinero también puede destacarse muy bien”, resaltó.

Debido a que en el Brasil se ha visto a la universidad como un “factor tradicional” de reproducción y/o ampliación de la desigualdad social, por consolidar la élite de los más ricos, desde el 2012 está en vigencia en el vecino país la ley que destina la mitad de las plazas en universidades públicas, consideradas las mejores del país, a negros, indígenas y pobres.

Conocida como “Ley de cuotas”, la norma debe cambiar un contrasentido del sistema educacional brasileño, en que los que tienen más recursos están mejor preparados para pasar los exámenes de admisión de las universidades del Estado, que son gratuitas. Ya que los más pobres, en general desclasificados en esas selecciones, buscan las universidades particulares que pueden pagar, o dejan de estudiar.

El objetivo de la ley es ampliar el acceso a las universidades y a los institutos federales, a los jóvenes de las escuelas públicas, a los negros y a los indígenas. Esas universidades están entre las mejores del país y, muchas veces, los estudiantes procedentes de escuelas públicas tienen dificultad para ingresar a ellas.

Según el censo del 2010, el 50,7% de los brasileños se considera afro-descendiente, y se describe como negro o mulato, y estos grupos suelen estar en los niveles más pobres de la sociedad, según estadísticas oficiales.

Por otro lado, los principales rankings de educación dentro y fuera del país listan a las universidades públicas como las mejores. La Universidad de São Paulo, por ejemplo, está en el puesto 15 de las mejores universidades del mundo en el Webometrics Ranking of World, pero la mayoría de sus estudiantes aún son los que tienen más recursos. Basta ver sus playas de estacionamiento llenas de coches, para tener una idea de que no están en ella los más pobres.

Según la nueva ley, las universidades públicas deben reservar un 12,5% de sus vacantes a partir del 2013 para los nuevos beneficiarios, un porcentaje que debió llegar al 50% en 2016.

Las vacantes se dividirán igualmente entre quienes tienen un ingreso familiar per cápita de 1,5 sueldo mínimo (aproximadamente 355 euros) y para quienes se declaren negros, mulatos o indígenas. Actualmente Brasil tiene un programa de financiación de matrículas llamado “Universidad para Todos”, que ofrece becas a los alumnos más pobres y ya benefició a alrededor de dos millones de estudiantes, según el Gobierno.

 

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