Vinculados con negociado de la Corte

Investigados por esquema de megalavado de dinero pretendieron vender por US$ 18 millones un hotel a la Corte Suprema para convertirlo en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este. La propiedad aún está en disputa y se habla, otra vez, de lavado.

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Unos 29.500 metros cuadrados cubiertos, diez pisos y más de cien departamentos. Así es el Hotel HG Tower o Gran Nobile ubicado en un predio de cinco hectáreas, en la Fracción Carolina, sobre la avenida Quito, en el kilómetro 7, Acaray, que en 2015 estuvo a punto de ser adquirido por la Corte Suprema de Justicia.

A mediados del año pasado, la ministra Gladys Bareiro de Módica, en su carácter de superintendente de Alto Paraná, había propuesto que la máxima instancia judicial adquiriera por US$ 18 millones el predio del Hotel HG Tower de Ciudad del Este para que allí funcionara la sede del Poder Judicial.

El edificio fue acondicionado para el funcionamiento del establecimiento hotelero en cuestión y en caso de que fuera concretada la operación debería nuevamente ser reacondicionado para el funcionamiento de las distintas dependencias de la VI Circunscripción Judicial.

La compra iba a ser realizada de forma directa, sin licitación alguna, lo que generó un sinfín de cuestionamientos.

Sin embargo, la señalada propiedad es centro de una disputa judicial de larga data y no está del todo claro quienes son sus verdaderos propietarios.

El HG Tower había sido adquirido por la empresa SCA Technologies, entre cuyos accionistas figuraba Tzu Chieh Wei. Este había presentado una acción judicial en la que aseguraba haber sido dejado de lado de manera totalmente irregular y que la empresa había sido puesta a nombre de terceros que nada tenían que ver.

Entre quienes se presentaban como nuevos dueños de la firma –y por lo tanto del hotel que iba a ser vendido a la máxima instancia judicial– figuraba el despachante Ricardo Galeano Fariña, quien aseguraba poseer el 8 por ciento de las acciones.

Galeano Fariña es también accionista de la empresa de transporte aéreo Global Logistics Solutions SA, firma señalada como la cabeza de un gigantesco esquema de lavado de dinero que funcionaba desde Ciudad del Este y que habría blanquedo unos US$ 1.200 millones. No conforme con ello, la firma contaba con numerosas denuncias por contrabando de mercaderías chinas.

La causa cayó en manos de la fiscal Liliana Denise Duarte, hermana de Braulio Duarte, quien es asesor del exintendente de Ciudad del Este y hombre fuerte del oficialismo colorado Javier Zacarías Irún.

Precisamente, Zacarías Irún, cabeza de un clan que hace y deshace todo a sus antojos en el Alto Paraná, es señalado como uno de los poderosos “amigos” políticos de quienes hoy son investigados por el millonario caso de lavado de dinero que saltó a la luz semanas atrás.

Llamativamente, la agente fiscal solicitó la desestimación de la causa sin haber realizado numerosas diligencias, un pedido al que se allanó el juez penal de garantías Amílcar Marecos. Pero la decisión sufrió un revés cuando el Tribunal de Apelaciones compuesto por Aniceto Amarilla, Myriam Meza de López e Isidro González decidió revocar la desestimación.

En la justificación de su decisión, los magistrados cuestionaron la no realización de una serie de procedimientos por parte de la fiscal Duarte.

Los magistrados indican que la denuncia ameritaba “una investigación seria y acabada” para responder a la posibilidad de la existencia de hechos punibles como lesión de confianza, asociación criminal, evasión impositiva y lavado de dinero.

Galeano es precisamente investigado por formar parte de un esquema dedicado al último hecho punible, junto al empresario de origen árabe Walid Amine Sweid.

La causa volvió a caer en manos del juez Amílcar Marecos y desde entonces no se ha tenido novedad alguna sobre la misma.

Versiones a las que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que además de la protección del oficialismo colorado, los propietarios del HG Tower habrían contado con la bendición de influyentes políticos liberales de la zona para llevar adelante la venta del predio a la máxima instancia judicial.

Galeano Fariña, uno de los que iba a ser beneficiado con la millonaria compra de la Corte Suprema de Justicia, fue denunciado en diversas oportunidades por contrabando junto a su socio, el empresario de origen árabe Walid Amine Sweid.

Los últimos casos de supuesto contrabando que salpicaron a Sweid y Galeano Fariña tuvieron lugar en 2013 y 2014.

El 24 de mayo de 2013, el entonces fiscal penal ordinario Marcelino González retuvo 18 camiones y dos furgones repletos de mercaderías provenientes de China Continental. Por orden del fiscal adjunto Alejo Vera, la causa fue remitida al fiscal de Marcas Juan Marcelo García de Zúñiga, quien en cuestión de horas dispuso la liberación de los cargamentos.

El procedimiento le costó el cargo a González, pues fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por intervenir en una cuestión marcaria que no le competía. El 7 de noviembre de ese mismo año, nuevamente fueron retenidos 110.000 kilos de mercaderías chinas. Había también teléfonos celulares y ropas, presuntamente falsificados. La investigación quedó a cargo del fiscal de Marcas de Ciudad del Este, Carlos Giménez, pero poco o nada avanzó.

Ropas de marca y electrónicos falsificados habían sido encontrados en el cargamento. El 5 de diciembre de ese año se retuvo otro cargamento de 115.000 kilos de mercaderías chinas, consistentes mayormente en celulares de diferentes modelos, sin marcas. La carga fue liberada en apenas horas.

En todos los casos, las mercaderías fueron introducidas al país por la empresa de transporte aéreo Global Logistics Solution SA, perteneciente a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid. Estaban a nombre de las importadoras Fortune International, Michigan, Paraguay Informática, Amanecer Representaciones SA, Vancouver Representaciones SA, GGR SA, Importadora Audi, Paraná Importaciones, Evertek, Grupo Cel Motion SA y La Roma SRL.

Global Logistics Solutions SA es investigada actualmente como la empresa que encabeza el gigantesco esquema de lavado de dinero detectado en Ciudad del Este y que había blanqueado unos US$ 1.200 millones en los últimos años. Así también, fueron intervenidas todas las empresas a cuyos nombres ingresaban las mercaderías de supuesto contrabando y que serían firmas de fachada para las operaciones ilícitas.

En las causas abiertas luego de las intervenciones hechas por denuncias de ingreso de mercaderías chinas supuestamente con marcas falsas, por el aeropuerto Guaraní, no hay procesados. Los fiscales de Marcas en todos los casos terminan liberando los cargamentos.

Denuncias y datos a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que la impunidad con la que operaban los supuestos contrabandistas y hoy investigados por lavado de dinero habría sido construida en base a poderosas protecciones políticas.

Sweid y Galeano aparecieron el año pasado en una fotografía durante un viaje al Líbano junto a Hugo Velázquez, el titular de la Cámara de Diputados y quien fue fiscal adjunto durante varios años en Ciudad del Este, donde opera el esquema de contrabando y lavado de dinero supuestamente dirigido por aquellos. Ese viaje había sido gestionado por el embajador paraguayo en el Líbano, Hassan Khalil Dia.

Pero Velázquez no es el único contacto político poderoso y bien ubicado con el actual gobierno que posee Sweid, sino que son varios los hombres fuertes del coloradismo los que tendrían algún tipo de vínculo, cuanto menos “amistoso”, con los componentes del esquema de lavado.

Versiones a las que tuvo acceso este diario dan cuenta de que Walid Amine Sweid es amigo íntimo de Javier Zacarías Irún, uno de los asesores políticos más influyentes del presidente Horacio Cartes, vicepresidente de la ANR, esposo de la actual intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y cabeza de un clan que hace y deshace en esa zona del país.

De hecho, algunas fuentes afirman que Sweid habría sido incluso un importante financista de campañas proselitistas del Partido Colorado en el Alto Paraná, algo que se mantiene bien oculto debido a la inexistencia de una ley de financiamiento político y de transparencia en nuestro país.

Otro nombre que aparece vinculado a Global Logistics es el de Wildo Ramón Almirón Rojas, apoderado de la ANR. Almirón figura como síndico de la firma, de acuerdo a una actualización de la sociedad en 2014, y es otro hombre muy cercano a Velázquez y a Javier Zacarías Irún.

Tanto Zacarías Irún como Hugo Velázquez son dos de los hombres más fuertes del oficialismo colorado y tienen trato directo con el presidente de la República, Horacio Cartes. De hecho, el mismo mandatario aparece en fotografías posando sonriente junto a Sweid.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano

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