/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/PJMAJ23LJVGHLLI6L4KYBJRLTM.jpg)
Cargando...
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo hoy que la recompensa ofrecida será de 500.000 pesos (unos 17.000 dólares), una medida que quedará oficializada mediante una resolución que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días.
Lea más: Ordenan detención del exdirector argentino de Yacyretá por coimas
“Si no sale el mañana, sale el miércoles publicado en el Boletín Oficial”, dijo la ministra en declaraciones a radio La Red. Thomas, único prófugo en la causa por la presunta red de corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015 , se desempeñó durante esas administraciones como director de la Entidad Binacional Yacyretá, el ente que administra la central hidroeléctrica argentino-paraguaya de Yacyretá.
Lea más: Thomas podría estar escondido en Paraguay
El exfuncionario aparece mencionado en los cuadernos de un exchófer de un antiguo funcionario del Ministerio de Planificación que, durante varios años, anotó los movimientos de los presuntos pagos de sobornos.
El escándalo, desatado hace veinte días, tiene como imputados, entre otros, a la expresidente Cristina Fernández, quien cuenta con la protección de sus fueros como senadora.
Lea más: “Cuadernos de la corrupción” en Argentina sacuden al empresariado
Desde las redes sociales han convocado para este martes a una marcha al Congreso para reclamar que se le quiten los fueros a la exmandataria, algo que ya había solicitado formalmente la Justicia y que no prosperó en el Senado.
En relación al escándalo, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo en la noche de este domingo, en una entrevista con la cadena estadounidense CNN, que la investigación judicial es “fundacional para la Argentina”.
“Estoy muy contento que sea en mi Presidencia, que hemos permitido que la verdad salga a la luz”, afirmó Macri, quien, de todos modos, lamentó que el escándalo tenga efectos adversos en los mercados ya que el caso afecta a decenas de empresas ligadas a las obras públicas.