Si bien la orden de detención se firmó el lunes, se mantuvo en reserva hasta que en la mañana de ayer martes, Suárez se presentó en los tribunales federales de Buenos Aires junto a su abogado, donde quedó a disposición judicial, detalló la agencia estatal de noticias Télam.

“Estaba procesado por dos delitos bastantes graves, al borde de ir a juicio oral, y ahora hubo una ampliación por delitos muy graves: se le imputa ser el organizador de una asociación ilícita, compuesta por otros (...) y de alguna manera de haber entorpecido la investigación”, señaló el juez Canicoba Corral, encargado del caso, en declaraciones a radio Splendid.

Además, el magistrado determinó el embargo del sindicalista, quien ya prestó declaración indagatoria hace alrededor de 10 días, por 10 millones de pesos (668.829 dólares).

El gremio de los obreros marítimos está actualmente intervenido por orden del juez. En el marco del mismo expediente, según añade Télam, el magistrado procesó a otras diez personas como miembros de esa asociación ilícita, aunque en esta decena de casos sin prisión preventiva.

Suárez ya estaba procesado desde 2014 por supuestamente haber impulsado maniobras “para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial, provocando alteraciones, demoras, gastos y otros perjuicios a empresas navieras”. Esto había afectado a embarcaciones paraguayas.

Ahora sumó este nuevo procesamiento acusado de supuestamente exigir dinero a empresas navieras para capacitar marineros y advirtiendo que, en caso de no abonar esa suma, no habilitaría autorizaciones para dejar circular a buques extranjeros.

Según la causa, ese dinero no fue usado para formación sino que habría sido desviado a una fundación que presidía Suárez y tercerizado a una sociedad anónima.

El gremio SOMU había incluso promovido el bloqueo al tránsito de embarcaciones paraguayas por territorio argentino.