“Hemos observado con atención su gobierno y desgraciadamente nuestra preocupación empieza a justificarse: el gobierno de Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio”, afirmó la directora ejecutiva de AI en Brasil, Jurema Werneck, en un documento difundido antes de una rueda de prensa en Brasilia.

El informe “Brasil para el mundo” expresa las preocupaciones de la entidad tras la llegada al poder en enero de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que a lo largo de su carrera justificó la tortura de opositores durante la dictadura militar (1964-1985).

Según AI, la “flexibilización” de la tenencia y el porte de armas, impulsadas mediante ordenanzas presidenciales, “pueden contribuir al aumento del número de homicidios” en un país que en 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes.

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Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica. AI también denuncia el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, que pretende “legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal”, afirmó Werneck.

Ese proyecto prevé habilitar a jueces a reducir las penas -o incluso absolver- a policías que, actuando en legítima defensa, hayan tenido una reacción excesiva debido al “miedo, la sorpresa o una emoción violenta”.

Amnistía advirtió además del “impacto negativo sobre los derechos indígenas y quilombolas poblados de exesclavos fugitivos” en un gobierno que despojó a la Fundación del Indio (Funai) de sus facultades para demarcar tierras indígenas y otorgar licencias ambientales.

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Brasil es uno de los países más peligrosos de América para los defensores de derechos humanos, recordó por su lado la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas. “Es urgente que el presidente Jair Bolsonaro adopte medidas para revertir este cuadro”, instó.

AI señaló además que la decisión de poner a las ONG bajo supervisión del gobierno muestra que Brasil “va en la misma dirección” que otros países que están adoptando “múltiples leyes que buscan controlar e impedir el trabajo” de esas entidades.