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De esta forma, De Goycochea se convirtió en el segundo arrepentido del caso, el primer empresario.
De Goycoechea declaró en la noche del viernes y, según publicó hoy el diario argentino “La Nación”, admitió los pagos al Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) en una trama que se destapó con los cuadernos de Oscar Centeno, chófer del exfuncionario público Roberto Baratta.
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Centeno anotó los detalles de los sobornos en esas libretas, que llegaron a la Justicia, fue el primer arrepentido de la causa y ya se encuentra libre y en el programa de protección de testigos, situación que De Goycoechea no recibirá por el momento.
Este empresario trabajaba en Argentina para la constructora Isolux Corsán, con sede en Madrid pero con actividad en varios países del mundo.
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Al parecer, De Goycoechea afirmó que hizo los pagos porque le “apretaban” al pedirle dinero para campañas electorales, pero indicó que las cantidades son menores a las que revelan los cuadernos, según el relato de “La Nación”, que cita fuentes de confianza del empresario, que para convertirse en arrepentido deberá contar con la homologación del juez Claudio Bonadio, como sucedió con Centeno.
En caso de colaborar con la Justicia, De Goycoechea recibirá una reducción de pena en caso de ser condenado, tal como concede la ley a la figura del arrepentido, que se empezó a aplicar en casos de corrupción tras una modificación de la norma en Argentina en 2016.
En los cuadernos de Centeno, De Goycoechea aparece implicado en un pago de seis millones de dólares a Baratta, jefe del chófer. Más de una docena de personas, entre empresarios y miembros de los ejecutivos kirchneristas, han sido hasta el momento detenidas dentro de este causa, impulsada por la Justicia tras una investigación realizada por periodistas de “La Nación” a cuyas manos llegaron unas libretas presuntamente escritas por Centeno.
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En esos cuadernos, el chófer apuntó con detalle durante más de una década los recorridos que hacía con Baratta y otros exmiembros del Gobierno para recaudar millones de dólares, presuntamente destinados a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obras.
Entre las muchas anotaciones de Centeno aparecen viajes con dinero que presuntamente hizo hasta la residencia presidencial o a la vivienda particular de la familia Kirchner en Buenos Aires. Por este motivo, Bonadio, que investiga una eventual “asociación ilícita”, citó a declarar, entre otros, a la expresidenta argentina Cristina Fernández el 13 de agosto, aunque por el momento no puede ser detenida por ser senadora y contar con inmunidad parlamentaria.