BRASILIA. Los responsables de la Lava Jato han alertado de que una decisión contraria a esa visión supondría “el fin” de la operación, pues muchos procesos serían enviados entonces a la justicia electoral, y han sugerido que existiría la posibilidad de que otros ya concluidos en la esfera penal puedan ser anulados.

La acción fue promovida por la defensa del exalcalde de Río de Janeiro Eduardo Páez, implicado en un único caso en ambos asuntos y que exige que prime la justicia electoral, un asunto sobre el que las dos salas de la Corte Suprema mantienen posiciones diferentes.

La primera audiencia sobre el asunto en el pleno del tribunal concluyó hoy, cuando se pronunciaron tres de los once miembros de la corte, y concluyó con dos votos favorables a esa posición y uno en contra, aunque con algunos matices.

Los magistrados Marco Aurelio Mello y Alexandre de Moraes se volcaron por permitir que la justicia electoral juzgue también asuntos de corrupción, aunque con la salvedad de que las acusaciones puedan ser luego separadas si así lo considerase el tribunal.

El juez Edson Fachin compartió parcialmente esa posición, pero planteó que los cargos deberían ser diferenciados desde el mismo inicio del proceso.

Las divergencias sobre el tema han hecho que algunos de los casos referidos a esos delitos que implican cargos de corrupción y de tipo electoral hayan acabado en la esfera penal, que es mucho más dura, y otros en los tribunales electorales, considerados más “blandos” y que tienden a establecer sanciones pecuniarias y administrativas.

La Procuraduría General se ha manifestado a favor de que tenga prioridad la justicia penal, una idea que comparte el ministro de Justicia, Sergio Moro, quien como juez fue uno de los promotores de la Operación Lava Jato, que destapó una vasta trama de corrupción que incluía también la financiación ilegal de campañas.

En opinión de la fiscal general, Raquel Dodge, “la justicia electoral lidia con acciones relativas al proceso de elecciones, no con complejos crímenes, que la Constitución entregó a una justicia también especializada, pero en asuntos penales”.

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Sin embargo, el magistrado Marco Aurelio Mello, instructor del caso en el Tribunal Supremo, negó que se pueda llegar a tal extremo de poner fin a la operación anticorrupción Lava Jato, pues si la justicia electoral detecta asuntos que superan sus competencias, puede separar algunas acusaciones y remitir las que correspondan a la esfera penal.