Los denunciantes pidieron que el organismo remita una misión o representante de la ACNUDH en el lugar de reclusión de Alegre y denuncian una serie de violaciones a los Derechos Humanos e incumplimiento de pactos internacionales por parte de las autoridades del Poder Judicial de nuestro país.
En la nota, firmada por Miguel Abdón Saguier, Luis Fretes Carreras, Carlos Riveros y Juan Carlos Ramírez Montalbetti señalan que el proceso contra el presidente del PLRA carece de fundamento jurídico ya que se trata de una acusación sobre rendición de gastos electorales de las elecciones de 2018 en las que era candidato, sin que exista norma jurídica que lo incrimine ni argumentos jurídicos que lo justifiquen.
Destacan que la legislación paraguaya de financiamiento político, en su articulo 278, establece taxativamente que “los candidatos no pueden ser administradores electorales”.
Afirman que pese a esta norma, la jueza Cinthia Lovera admitió la imputación, impuso a Alegre medidas cautelares luego decretó su prisión preventiva, por incumplimiento de esas medidas.
Los dirigentes sostienen que la acelerada imputación y posterior prisión arbitraria del presidente del PLRA, sin que existan causales establecidas en la legislación vigente en Paraguay, demuestran la abierta manipulación de las instituciones con el claro propósito de amedrentar a quienes no concuerdan con las políticas y prácticas del actual gobierno.
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