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El mandatario salió al paso de las críticas hacia el nombramiento del padre del exdiputado José María Ibáñez en la Itaipú Binacional, pues se trataría de un “pago de favores” por la renuncia de Ibáñez a la Cámara Baja.
Cabe recordar que Ibáñez aceptó el caso “caseros de oro” ante la Justicia y, al ser del movimiento político de Mario Abdo Benítez -Colorado Añetete-, la ciudadanía cuestionaba al mandatario por no pedir su expulsión del Congreso.
El Presidente dijo esta mañana que Antonio Ibáñez, de 73 años de edad, era de Añetete mucho antes de que lo fuera su hijo José María, quien era de Honor Colorado (cartismo), informó la periodista de ABC TV Ruth Di Giovanni.
Sobre los cuestionamientos de la ciudadanía y de la prensa por los sonados nombramientos en la función pública, respondió que ya está acostumbrado a ello.
También comentó que su actual asesor político, el exsenador Carlos Amarilla, podría ir como consejero de Itaipú.
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En cuanto a Antonio Ibáñez, fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Nicanor Fuarte Frutos (2003-2008). Envuelto en denuncias por corrupción en la comercialización de carne, se vio obligado a renunciar el 5 de junio de 2005.
Las irregularidades detectadas en el Ministerio de Agricultura en el lapso 2004-2005 comprometían a Antonio Ibáñez. La auditoría de gestión realizada por la Contraloría General de la República en el MAG reveló que las distintas dependencias involucradas en la implementación de la zafra algodonera 2003/2004 cometieron todo tipo de abusos, muchos de ellos de tinte delictivo, en el manejo de los fondos y recursos financieros destinados a la distribución y verificación de semillas.
“El MAG no implementó acciones eficaces que respalden las gestiones de cobro de las deudas de las empresas semilleristas por un importe de G. 566.440.000”, puntualiza aquel informe.
En el listado de 38 irregularidades descubiertas en el MAG figuraba la existencia de registros devueltos para su corrección y que no han sido subsanados, acerca de planillas incompletas y llenadas precariamente a lápiz, con perjuicios que superan los US$ 40.000.