Dicha nucleación manifestó por medio de un comunicado que el reconocimiento de los delitos por parte del legislador y la reparación del daño a cambio de obtener la suspensión condicional del procedimiento, “está lejos de ser la respuesta ideal” para la ciudadanía.
Ante este escenario, el Colegio de Abogados exige que la clase política dé “muestras claras de cambios en el comportamiento tristemente tradicional de sus integrantes, los miembros del Congreso no solo deben ser honestos y honorables, también deben parecerlo en todo momento ante la ciudadanía que los ha elegido”, expresa parte del pronunciamiento.
La organización considera como una afrenta para la ciudadanía que Ibáñez siga perteneciendo al Congreso de la Nación, puesto que su honorabilidad está en tela de juicio, más aún tras haber admitido varios delitos y obtenido una salida beneficiosa para evitar rendir cuentas ante la justicia.
De igual manera expresó su apoyo a la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional, y por lo tanto exigen a los Diputados el tratamiento inmediato de la pérdida de investidura, teniendo en cuenta que una salida alternativa al proceso penal para un funcionario no impide su destitución.
A la par recomienda que en el presente periodo se analicen proyectos para una moralización de la función pública, evitando que personas que descalifican moralmente a las instituciones del Estado sigan ocupando cargos públicos.
Más temprano, la Coordinadora de Abogados del Paraguay se expresó en términos similares y advirtió que si no hay castigos ejemplares para este tipo de conductas, no se podrá detener el pacto de corrupción e impunidad con las que las autoridades manejan las instituciones públicas.