El pasado 25 de julio, la justicia ordenó la prescripción de la causa que investigó el abuso sexual contra una niña de cinco años, ocurrido en 2010 y en que la acusada era nada más y nada menos que su profesora, de nombre Sonia Felisa Cáceres de Paredes. La medida generó indignación y en parte fue consecuencia de los altos niveles de morosidad en la administración de justicia.

El abogado de la familia afectada, Carlos Vera, sostuvo que la sentencia muestra errores en la apreciación por parte del tribunal y, por lo tanto, resulta factible una apelación. El profesional detalló que la denuncia data de octubre de 2010. Sin embargo, para el otorgamiento de la prescripción se tuvo en cuenta otra fecha en junio de ese año y los abogados de la mujer argumentaron que transcurrió el doble de la pena mínima para este tipo de delitos, que son tres años de cárcel.

En base a este elemento, Vera explicó que en todo caso la prescripción debía darse recién en octubre de este año y, por lo tanto, es posible revocar la medida. Refirió además que existió una conducta agravante por parte de la docente, por tratarse de alguien que incide directamente en la formación de un niño, en su rol de maestra.

El profesional recordó que la mujer planteó someterse al procedimiento abreviado durante una audiencia preliminar, situación que implica el reconocimiento del hecho; sin embargo, el planteamiento fue rechazado en ese entonces, por el agravante mencionado. Agregó que también se pretendía exponer este hecho durante el juicio oral, como así también el arreglo económico al cual llegó Cáceres con otra víctima, pero el tribunal ordenó la prescripción.

Por otro lado, lamentó que durante todo el proceso los abogados de la mujer hayan recurrido a todo tipo de chicanas a los efectos de dilatar el proceso y ser absuelta. Recordó que se presentaron al menos seis recusaciones, desde jueces de primera instancia, camaristas y hasta a miembros de la Corte Suprema de Justicia.