“Hemos encontrado que ayer la defensa de Alvarenga, la de su esposa y su hijo, planteó una excepción de falta de acción alegando doble juzgamiento y persecución penal”, manifestó el fiscal Luis Piñánez, según informes de Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Explicó que los abogados de los procesados alegan que hay dos procesos por enriquecimiento ilícito abiertos sobre un mismo hecho, por lo que plantean como salida legal la excepción, motivo por el cual el Juez Penal de Garantías suspendió la audiencia.
“Nosotros consideramos que esta providencia no está correcta. El Código Procesal Penal es claro, que la excepción es un trámite incidental, quiere decir que no debería afectar la investigación. No tiene nada que ve con esta audiencia”, enfatizó. Agregó que resolverán este planteamiento a los efectos de exigir el cumplimiento de lo que el código procesal demanda, la imposición de medidas para los procesados.
Una investigación sobre su patrimonio constató que al asumir el cargo de comandante - en 2013 - declaró bienes por G. 226 millones y dos años después salió con G. 2.400.000.000. Cuenta con diez inmuebles que serán objeto de tasación. Además de obtener muebles e inmuebles por un valor que superaría sus legítimas posibilidades económicas teniendo en cuenta lo percibido en remuneraciones de ambos.
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La investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito contra Alvarenga también salpica a su esposa Mirta Evelina Rotela y su hijo Francisco Alvarenga Rotela, imputados por lavado de dinero.
Según los datos recabados además en la casa ubicada en Capiatá donde reside, Alvarenga tiene dos departamentos del centro de Asunción (ubicados en el Edificio Arasa II), una estancia modelo ubicada en Mbocayaty del Yhaguy (donde aparecen dos fincas), cinco inmuebles en Coronel Oviedo, uno en Carayaó, y uno en Luque.
Además, fue imputado por desacato a una orden judicial por no haber respondido en su carácter de Jefe de la Policía a la Justicia argentina a los requerimientos sobre datos de la residencia de una ciudadana paraguaya, proceso por el cual fue obligado a pagar una multa de G. 5.000.000.
Según los antecedentes de este caso, la justicia argentina solicitó a través de la jueza del menor María Rosa González datos sobre la vida y residencia de María Ester Martínez, por una acción judicial promovida en el vecino país por Rubén Torales. El primer requerimiento data de mayo de 2014, el segundo en noviembre de ese mismo año y el tercero en febrero de 2015, todos ellos sin una respuesta concreta lo que le valió la imputación.