Este lunes el agente fiscal Carlos Alvarenga, de la Unidad Penal Nº 1 de Villarrica, procedió a remitir a la Dirección de Gabinete del Ministerio Público, a cargo del fiscal Roberto Zacarías, la carpeta de la investigación sobre las denuncias de los hechos que afrontan los sacerdotes Gustavo Ovelar y Francisco Bareiro, expárroco y exvicario de Paso Yobái.
La Dirección de la cual es responsable Zacarías, recibió el documento para hacer un estudio de los actuado en el caso de las acusaciones sobre presunto abuso y acoso cometidos por Ovelar y Bareiro. El fiscal indicó “recibimos la copia de la carpeta de investigación fiscal de parte del fiscal Alvarenga y una vez analizada toda la carpeta, se procederá a la recomendación correspondiente”.
En otro momento el representante del Ministerio Público dijo además que, “luego de un análisis exhaustivo de lo actuado hasta la fecha, se podrá dar una respuesta y el dictamen pertinente, ya que fue el fiscal quien solicitó la opinión de nuestra dirección”.
Ovelar y Bareiro, luego de ser acusados de haber cometido abusos contra menores y jóvenes durante su misión en Paso Yobái, se expidieron sobre el asunto mediante un pronunciamiento firmado afirmando de forma categórica que no cometieron los hechos que se le atribuyen.
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“La total falta de objetividad a estas alturas dañan y perjudican nuestra imagen como sacerdotes, pues se nos ha expuesto a la crítica pública, al descrédito y el menosprecio por los calificativos injustos utilizados en contra de nuestras personas, afectando nuestro honor y reputación y por ende la imagen de la propia Iglesia Católica”, señala parte del texto.
De acuerdo a los antecedentes, los sacerdotes Gustavo Ovelar y Francisco Bareiro fueron denunciados por seis jóvenes por acoso y abuso sexual contra adolescentes, que habrían ocurrido entre 2011 y 2013, luego de este escándalo fueron expulsados de la diócesis de Villarrica, administrada por monseñor Ricardo Valenzuela.
La congregación Oblatos de María Inmaculada, a la cual pertenecen los religiosos acusados, realizó la denuncia en la fiscalía local como parte del protocolo que se debe aplicar en estos casos. Sin embargo, dejó abandonadas a las supuestas víctimas que tenían entre 16 y 21 años.