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Canillas recusó a la jueza Mafalda Cámeron, quien tiene a su cargo un pedido de amparo presentado por abogados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para que se evite “la destrucción de los registros telefónicos”, cuyos datos las compañías telefónicas están obligadas en mantener por un plazo de seis meses.
Los abogados no quieren que se pierdan los datos del cruce de llamadas existente entre varias personas afines al Gobierno con el excomandante de la Policía, Críspulo Sotelo, en las horas previas al atropello a la sede del PLRA y el asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido el la noche y madrugada del 31 de marzo y 1 de abril posado, respectivamente.
En la recusación, Canillas alega “tener evidente interés en la causa por la relación de extracción con el Partido Político que impulsa estas acciones (PLRA)”. La jueza respondió la recusación negando la acusación de Canillas, sin embargo acepta apartarse de la causa y dispone remitir los antecedentes a otro juzgado.
La recusación del condecorado por Cartes con la medalla de “honor al mérito de la Policía Nacional” y que intercambió 24 llamadas con Sotelo entre las 14:00 y las 00:35 del del 31 de marzo y 1 de abril, noche en la Policía asesinó a Quintana, se da estratégicamente en el límite del plazo que obliga la ley para que las telefónicas resguarden los datos. En este caso, fenecen este mes de octubre.
Detrás del ocultamiento de su registro de llamadas también Canillas pretende evitar que se obtengan las llamadas de Horacio Cartes, el “asesor ad honorem” José Ortiz, de los senadores Lilian Samaniego y Juan Darío Monges, así como del exministro del Interior, Tadeo Rojas y el actual Lorenzo Lezcano, entre otros.
Todos ellos fueron excluidos de la investigación de la fiscala Raquel Fernández, que consideró un “morbo” la solicitud de esos datos ya que de antemano considera que no le serán útiles para la investigación.