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Modificación será en plazos del dictamen de correspondencia

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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Jorge Ávalos Mariño, diputado del PLRA, habló sobre el proyecto de ley para hacer públicas las declaraciones juradas de los funcionarios estatales. Aclaró que la modificación que se plantea es con relación al plazo del dictamen de correspondencia.

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"Los plazos para el dictamen de correspondencia es la modificación que queremos plantear", señaló el diputado Jorge Ávalos Mariño en comunicación con ABC Cardinal con referencia al estudio que realizan en la Comisión Legislativa de la Cámara Baja sobre el proyecto de ley que tiene como fin que todos los legisladores y funcionarios públicos presenten su declaración de bienes, y que esta información sea de carácter público.

Recordó que el proyecto ya tiene media sanción del Senado, y aseguró que los cambios que pretenden hacer en Diputados no son sobre el contenido general, sino solo en lo relacionado con el tiempo de análisis de la correspondencia. Señaló que el plazo de 60 días es un poco corto, e insistió en que lo que buscan es que se extienda este tiempo para dar oportunidad a un mejor análisis.

En otro punto, el diputado mencionó que no existe entre sus colegas una posición definida a favor o en contra de hacer públicas las declaraciones juradas de bienes, y recalcó que el que se manifestó en contra de este proyecto de ley fue el asesor jurídico de la Contraloría.

“Yo estoy de acuerdo con la publicidad. Soy del criterio de que el funcionario público está expuesto y tiene que estar consciente al tiempo de ocupar una función de que todo lo que se refiere a su persona es de interés público, por lo que toda la ciudadanía tendrá que acceder”, sentenció.

Sobre cuando se trataría el proyecto, considera que durante la primera sesión de la Comisión de Legislación darían un dictamen, para luego pasarlo al pleno.

En octubre pasado, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que habilita a la Contraloría a hacer públicas las declaraciones de bienes de activos y pasivos de funcionarios públicos. El proyecto pasó a la Cámara Baja, cuyo análisis remitió a una comisión especial. 

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