Desde la representación de la querella adhesiva, advirtieron de una operación que busca otra impunidad en el caso de la Cajubi, pues los abogados de los condenados Víctor Bogado Núñez y Pabla Mieres de Scavenius están organizando una red casi delictual con el objetivo de que los ministros Luis Benítez Riera y Alicia Pucheta den un paso al costado en el caso.
En ese sentido, tras conocer su sentencia Bogado Núñez, que tiene como abogado defensor a Osvaldo Granada Salaverry, contrató a Luis Berthon Planas, con el fin de apartar a los ministros de la Sala Penal, pero sin revocar poder a su defensor original. Ante esta situación, Benítez Riera se inhibió de atender el caso Cajubi. Misma acción llevó a cabo Mieres de Scavenius, que realizó la contratación del abogado Nicolás Gaona Irún, con el mismo objetivo de Víctor Bogado.
Riera, antes de cancelar la personería, se había inhibido en el caso, pero la ministra Alicia Pucheta estudiar la situación de los citados abogados de acuerdo al artículo 112 del Código Procesal Penal, quedando como ministro originario solo Sindulfo Blanco. De igual forma se autoinhibieron los ministros Gladys Bareiro De Módiga y Antonio Fretes, además de la ministra Mirian Peña, cuyo yerno está procesado por este mismo fraude.
Las acciones se llevan a cabo con la pretensión de los abogados de los condenados, para que de esta forma pasen a integrar la Sala Penal los muy cuestionados ministros César Garay y Miguel Ángel Bajac. Sin embargo, no cuestionan al ministro Sindulfo Blanco. Esto podría configurar otro escándalo jurídico a nivel nacional e internacional.
Ante la consulta sobre este tipo de acciones, algunos legisladores manifestaron que los ministros de la Corte deben reaccionar ante esta clase de acciones y sancionarlas, porque con ello se evidencia que se contrata a abogados al solo efecto de apartar a ministros o jueces que no son de sus confianza.
En este hecho, lo curioso es que la propia Corte Suprema de Justicia sacó una circular intimando a los jueces inferiores a sancionar a los abogados chicaneros y no reconocer personería con quienes tienen amistad o enemistad al solo efecto de apartarlo; pese a ello, los ministros de la Corte no se imponen.
La diligencia se lleva a cabo por el vaciamiento patrimonial de la Cajubi, específicamente unos US$ 48 millones, por medio de fraguadas “operaciones de alto rendimiento”. El caso ya lleva desde su comienzo más de 1.400 incidentes dilatorios y ninguno de los abogados fueron objetos de sanciones en ninguna de las instancias.