/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/YAOZYZON2VDRXM2HUWXHXMUTWA.jpg)
Cargando...
La resolución fue adoptada ayer a pedido del diputado nacional Jorge Ávalos Mariño (PLRA) sobre la base de publicaciones de este diario acerca del destino que se les está dando a multimillonarias sumas resultantes de los ingresos por cobro de multas, en casos de infracciones aduaneras denunciadas a la DNA.
La decisión del cuerpo legislativo será remitida entre hoy y mañana al director Nacional de Aduanas, Nelson Valiente, a quien se solicita informes, con documentos respaldatorios, en forma escrita y en medios magnéticos, sobre la distribución de los "premios".
Asimismo, pide la emisión de todas las disposiciones legales y reglamentarias en las cuales se sustenta la forma en que se lleva a cabo la distribución a los funcionarios de la institución del monto resultante de las multas y comisos.
La resolución solicita también un informe detallado acerca de cuáles fueron los hechos en que se configuraron las infracciones aduaneras de contrabando y tentativa de contrabando y denunciados ante la DNA durante el ejercicio 2016 y el año en curso.
Igualmente, pide un informe detallado sobre el monto recaudado en concepto de cobro de multas de infracciones aduaneras en dichos conceptos durante 2016 y en lo que va del presente año y el destino dado al referido monto, especificando los nombres y apellidos de las personas adjudicadas.
Finalmente, establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos por la Cámara, conforme a lo establecido en el Art. 192º de la Constitución nacional, y el Art. 1º de la Ley 2.648/05, que lo reglamenta.
Al respecto, el diputado Jorge Ávalos Mariño explicó que la Cámara quiere saber cuáles son las normas en que se basa la autoridad aduanera para proceder a este sistema de repartija y a cuántos funcionarios beneficia (con nombres y apellidos).
Añadió que la idea es saber si se trata de los mismos funcionarios que siempre están "denunciando" y recibiendo los premios, teniendo en cuenta que en un solo caso fueron distribuidos más de G. 1.000 millones.
"Queremos todos estos detalles, de manera a analizar si podemos ajustar las disposiciones y, de esa forma, posibilitar que más de estos recursos sean destinados a las arcas del Estado", resaltó el legislador liberal.