El artículo 280 del Código Penal establece hasta 5 años de cárcel y multas al que “ofreciera, prometiera u otorgara una dádiva u otra ventaja a otro para que no votara o lo hiciera en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.

La compra de cédulas es el mecanismo más común utilizado para los “compravotos” que incluso llegan a retener o secuestrar el documento de identidad de las personas, ya sea para evitar que vote o bien procurar votar con ese documento. "Retener documentos de identidad el día de las elecciones" está sancionado con una multa de 300 jornales mínimos, según establece el artículo 321 del Código Electoral.

Existen connotados casos que involucran incluso a autoridades en este delito, que es el más común en las elecciones.

El senador Silvio “Beto” Ovelar se ganó el mote de “trato apu’a” luego de ser filmado ofreciendo un acuerdo a un operador rival para darle dinero a cambio de evitar que no voten por otro candidato. Igualmente, el actual concejal de Asunción José Claudio Alvarenga Bonzi fue protagonista de un “documental” que registró la masiva compra de votos durante las elecciones del 2008 a favor de Blanca Ovelar.

Existe además una extensa lista de delitos electorales, como por ejemplo intentar alterar el resultado de los comicios mediante el fraude. La lista de los delitos está detallada en la página web de la Justicia Electoral.

La diputada Perla Acosta de Vázquez, ahora candidata a gobernadora, es otra asidua infractora de las leyes electorales con un sinnúmero de denuncias de presunta compra de votos. La misma recauda votos a cambio de dinero, víveres e incluso en una ocasión regalando carne. 

La Fiscalía habilitó una central de denuncias contra delitos electorales, a la que cualquier ciudadano puede llamar por teléfono. Los teléfonos celulares actualmente son también un gran herramienta para registrar presuntos delitos, como ocurrió el pasado domingo en los comicios de elección a intendente en Emboscada.