Cartes adelantó su decisión en torno a las tierras en Marina Cue al ser abordado en Palacio de Gobierno con respecto a si aceptará o vetará la ley aprobada hace algunas semanas en el Senado, mediante la cual se autorizó a la empresa Campos Morombí a “donar” al Estado parte de un extenso predio que en realidad es reivindicado por el propio Estado.
Comentó que analizó el tema con el asesor jurídico del Ejecutivo, Sergio Godoy, y se resolvió dar un “corte definitivo” a la discusión sobre la propiedad del inmueble en cuestión, aceptando la cesión por parte de la familia Riquelme. “Queremos dar un corte definitivo, vemos que seguir peleando... seguir... eh (...) Vamos a aceptar lo que es la ley”, aseveró.
Indicó que -a su criterio- el único punto conflictivo en la ley es lo referente a la custodia de la reserva ecológica, que quedaría a cargo de las Fuerzas Armadas. “Únicamente la parte que cuestionaban un poco es lo de las FF.AA., pero al final alguien tiene que cuidar de la reserva”, refirió. El jefe de Estado consideró que con la promulgación de la normativa dará por acabada la puja en torno a la propiedad. “Si esto da un corte y va acabando un tema y ya es por ley, prefiero eso, dar por acabado ese tema; voy a aceptar la ley”, reafirmó.
El cuestionamiento sobre la posición de aceptar el “gesto” de la firma Campos Morombí obedece a que ello constituiría un “blanqueo” para la misma, ya que justamente el Estado reclama como suyas estas tierras. Esta decisión del Congreso -y ahora próximo a ser homologada por el Ejecutivo- constituiría un reconocimiento de que la empresa es “propietaria” y ello podría ser utilizado como recurso adicional de la familia Riquelme para reafirmar que es dueña del extenso inmueble.
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La “donación” incluye 1.748 hectáreas ubicadas en Curuguaty, departamento de Canindeyú. Se trata de parte de un predio ocupado por años por la familia Riquelme cuando el mismo había sido entregado al Estado paraguayo por la empresa La Industrial Paraguaya S.A. El propio presidente del Indert, Justo Cárdenas, mencionó que “esas tierras son del Estado paraguayo”. La donación de la firma Campos Morombí “nunca tendría que haber sido porque no se puede donar lo que no es de uno”, apuntó.
En realidad, la propiedad del Estado sobre estas tierras nunca estaría en discusión si no fuera porque los sucesivos gobiernos de turno, desde 1967, nunca formalizaron la inscripción. El 5 de agosto del mencionado año, La Industrial Paraguaya donó el inmueble a la Armada paraguaya y por decreto N° 29.366, del 6 de setiembre del mismo año, el Ejecutivo aceptó tal donación, pero nunca se completaron los trámites administrativos posteriores.
La senadora Desirée Masi había calificado de “aberrante” la decisión de la Cámara Alta de aceptar la “donación”, ya que inclusive hay un proceso judicial en desarrollo entre el Estado y la empresa privada. “Nosotros no podemos dictar esta ley porque al aceptar esto estamos diciendo que los Riquelme son dueños de las tierras, por eso pueden donar”, había expresado semanas atrás.
Había señalado que el Congreso inclusive sienta un mal precedente, ya que se podría considerar que el Poder Legislativo se inmiscuye en atribuciones del Poder Judicial, debido a que era esta la instancia inicial donde se estaba dirimiendo a quién corresponde Marina Cue. Las 1.748 hectáreas donadas son colindantes con el área donde la disputa derivó incluso en un tiroteo y la muerte de 11 campesinos y seis policías, el 15 de junio de 2012.