Esta mañana, al igual que el legislador José María Ibañez, los abogados de Lorena Plabst presentaron el incidente de suspensión condicional del procedimiento ante el juez penal de garantías, Miguel Tadeo Fernández, ya que el próximo 15 de octubre se realiza la audiencia preliminar donde se decidirá si aceptan lo peticionado.
En el escrito presentado, la mujer indica que reconoce los hechos por las cuales fue acusada: estafa y cobro indebido de honorarios, según el escrito presentado por el Ministerio Público, y ofrece una reparación del daño social ocasionado, por valor de Gs. 50.000.000, a ser entregados ya sea en concepto de equipamiento o -si el juzgado lo determina- en efectivo al Hospital Nacional de Itauguá, dependiendo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Igualmente, requiere cumplir con la comparecencia trimestral ante el juzgado, por el periodo de un año, considerando el evidente estado de gravidez de la señora Lorena Plabst, siendo la fecha probable de parto en el mes de enero del próximo año. También se señala la obligación de residir en el domicilio real constituido y no cambiarlo sin autorización judicial, así como la comunicación al Juzgado de la salida y regreso al país, en un periodo de 24 horas.
Favio Ernán Gómez Chamorro, Ever Isaac Falcón Valenzuela y Viviana Patricia Falcón Valenzuela reconocen los hechos por las cuales fueron imputados y ofrecen reparar el daño patrimonial causado al Estado paraguayo, pagando 30 millones de guaraníes en cuotas.
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Ever Isaac pagará 10 millones de guaraníes en 10 cuotas de un millón de guaraníes en forma mensual; también Favio Falcón y Viviana Patricia pagarán el mismo monto en 10 cuotas mensuales. El escrito de suspensión del procedimiento fue presentado por sus abogados Javier Timoteo Gónzalez Cruz y Joel Talavera.
María Liz Gutierrez, entonces jefa de Gabinete, también aceptó el hecho y ofreció reparar el daño, equipando el Hospital Nacional de Itauguá por la suma de 50 millones de guaraníes. Los caseros y la exjefa de gabinete fueron acusados por el Ministerio Público por cobro indebido de honorarios y el uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.