El abogado Andrés Casati presentó los alegatos finales de la defensa en el caso conocido como “niñera de oro”. "Sí, Gabriela Quintana era funcionaria de la Cámara de Diputados, pero no hubo ningún doble cobro de honorarios, como dice la Fiscalía", manifestó el letrado al principio de su ponencia.

Acusó al Ministerio Público de actuar de forma mal intencionada y maliciosa e insistió en que los empleados de Itaipú no son funcionarios públicos. “La Itaipú no forma parte del Estado Paraguayo; es una entidad binacional, significando así que las personas contratadas por la entidad, no serían considerados funcionarios públicos”, señaló.

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“El Ministerio Público no logró probar por medios idóneos que Gabriela Quintana haya ocultado ser funcionaria de la Cámara de Diputados”, agregó en otro punto, y también alegó que la Corte Suprema de Justicia le “dio una manito” al Ministerio Público al rechazar la acción de inconstitucional que presentaron.

Finalmente, Casati solicitó al Tribunal que declare atípica la situación de Gabriela Quintana, alegando que su conducta no se configura como cobro de doble remuneración. “La conducta de Quintana tal vez no fue ética, pero tampoco fue un delito”, subrayó.

Minutos antes, la Fiscalía presentó sus alegatos y solicitó 4 años de cárcel tanto para Bogado como para Quintana. Los fiscales expusieron pruebas “irrefutables” que demuestran la responsabilidad del senador en la contratación irregular de la “niñera de oro”.

Por otra parte, para Miguel Pérez solicitaron una pena de un año y seis meses.