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La Contraloría General de la República no puede acceder a la documentación respaldatoria del ejercicio fiscal 2017 de la Municipalidad de Ciudad del Este, porque se encuentra en el Tribunal de Cuentas. La misma situación se da con los papeles de la Gobernación de Alto Paraná.
Según explicó el contralor Enrique García, solicitaron al fiscal de Cuentas acceder a los papeles incluso dentro de dicha dependencia, pero recibieron una respuesta negativa. “Señala que no es posible ni está autorizada la intervención por parte de la Contraloría y el marco del proceso de Juzgamiento, porque se trata de un proceso jurisdiccional, bilateral; la Contraloría no es parte... Cuestiones que señalan cuál es la posición el Tribunal de Cuentas”, dijo el contralor esta mañana en una conferencia de prensa.
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“Tenemos nosotros entonces imposibilidad material de producir el previo dictamen que requiere la Constitución Nacional para expedirse, primero la Contraloría y después el Parlamento, sobre una ejecución presupuestaria deficiente, delictual o patrimonialmente dañosa”, manifestó.
En ese sentido, también adelantó que tienen un “calendario de conversaciones institucionales” con la Suprema Corte de Justicia, para encontrarle una solución a lo que calificó de “supresión de prerrogativas constitucionales de la Contraloría General”, que es el organismo encargado de producir la auditoría en las gestiones de las entidades públicas.
Destacó además que esta misma situación se repite en otras 156 entidades, puesto que esta semana la Corte Suprema de Justicia remitió un listado con todas esas instituciones que, por medio de acciones de inconstitucionalidad, “retacean” información a la Contraloría. La mayoría de esas entidades son municipios y gobernaciones.
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