El jugador Cecilio Domínguez, llegó a las 19:30 al Juzgado de Primera Instancia de Luque. Los primeros en arribar hasta la sede judicial fueron los abogados del futbolista, al igual que la expareja de este y su hijo, para reunirse con la jueza de la Niñez Carmen Román, informó la corresponsal de ABC Color, Gladys Villalba.

Tras permanecer reunidos por más de dos horas en el despacho de la magistrada las partes llegaron a un acuerdo. “Se llegó a un acuerdo con la parte querellante” así lo confirmaba uno de los abogados de Domínguez. Con relación a cómo queda la imputación refirió que “hay salidas alternativas que permite el procedimiento penal”.

En otro momento el letrado indicó que ambas partes se someterán a ciertas reglas de conducta que podrían resolverse en el transcurso de la próxima semana, mientras tanto Cecilio Domínguez podrá continuar con su carera.

En cuanto a la prohibición de salir del país que pesaba sobre el jugador, se resolvió también que “podrá viajar; puede salir por Cerro Porteño, por la Selección Nacional o en caso de que se dé alguna transferencia”, señaló uno de los defensores.

Por su parte Domínguez, quien dirigió pocas palabras a la prensa, dijo “no me presenté a la audiencia por la pretemporada con Cerro, pero finalmente pude venir”, además estuvo viendo noticias que se dieron en estos días que no fueron ciertas, entre ellas “que me detuvieron en el aeropuerto, cosa que no es cierto”.

Aseguró, “no me escondo de nada ni de nadie. Me presenté porque no tengo nada que esconder”. Durante la reunión el atleta estuvo representado por un total de cinco abogados, dos mujeres y tres hombres.

El pasado 20 de octubre del 2016, la fiscala Claudia Torres formuló una imputación contra Domínguez en la que señala que este aplicó supuestamente tres patadas a su entonces pareja, entre los días 7, 8 y 9 de marzo de 2016, cuando esta le reclamó el abandono del que eran víctimas ella y su menor hijo.

La acusación también menciona que Domínguez le obligó a tener relaciones sexuales en varias ocasiones. La imputación se basa en el informe psicológico de la doctora Graciela Zelada, del Poder Judicial, que señala “desorden de estrés postraumático, por violencia”.