Conajzar habría frenado operativos

Según Juan Ernesto Villamayor, del Equipo de Transición, la información que maneja es que los procesos que Conajzar intentaba consumar favoreciendo a una empresa han quedado parados.

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“Nos parece impropio que ocho años antes de vencer licencias se produzcan prórrogas por 10 años más”, cuestionó Juan Ernesto Villamayor, futuro ministro del Interior y miembro del Equipo de Transición de Mario Abdo Benítez.

Indicó que, según la información que maneja, de que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) intentaba favorecer sin licitación a una empresa de apuestas deportivas, los procesos han quedado parados luego de haber sido descubiertos.

La Conajzar resolvió a mediados de diciembre pasado conceder el juego de apuestas deportivas, en todo el territorio nacional, a la empresa Daruma Sam SA, que ya está en dicho negocio, pero junto a otras varias firmas, bajo el nombre de Apostala, que, según los informes que saltaron en su momento, estaría ligada al político cartista Javier Zacarías Irún y otros.

Esto, sin embargo, fue descubierto y luego de la intervención del Equipo de Transición, las maniobras se frenaron, según confirmó hoy Villamayor a ABC Cardinal.

"Yo tengo entendido que se han frenado esos procesos (...) Estamos discutiendo de acá a 20 años, cuando el tope que establece la ley es de 10, y se produce por actos administrativos cuando en realidad puede producirse por licitación pública, según lo establece la ley", recordó.

Prosiguió diciendo que "el pretexto" que usan para consumar lo que pretenden ni siquiera es valedero. "El pretexto es decir que van a hacer una inversión en el futuro, pero a partir del momento que le dan la concesión habiendo transcurrido solamente dos años, no es posible que hayan hecho ni siquiera la inversión con la cual se comprometieron, entonces no pueden tener a la vista, de ningún modo, el cumplimiento de los compromisos", sentenció Villamayor.

Vale rememorar que, además, la Contraloría General de la República (CGR) dictaminó en contra de la polémica adjudicación de diciembre pasado, que al parecer está ligada a políticos cartistas.

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