Por la misma causa también fueron imputados sus guardaespaldas Hugo Arsenio Villar Sotelo (31), Ramón Amado Ramírez (53) y Roque Alfredo Ramírez González (23).
Las cuatro personas fueron detenidas en un operativo ejecutado en la residencia del político, por la comitiva fiscal y policías del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción.
El procedimiento está relacionado con la denuncia del comerciante Jorge Baeza (53), dueño de una empresa distribuidora de mercaderías en Yuty, departamento de Caazapá, quien supuestamente el 5 de junio pasado fue convocado por Benjamín Adaro Monzón y al llegar a su casa -según denunció- fue retenido por los guardaespaldas del concejal, golpeado y mantenido de rehén.
El comerciante denunció que fue amenazado de muerte y para perdonarle la vida fue obligado a firmar 10 pagarés en blanco, además de dos hojas en blanco, y debía transferir una casa quinta a nombre de uno de los guardaespaldas.
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El agente fiscal Javier Ibarra también solicitó la prisión domiciliaria de los sindicados, mientras sigan bajo investigación.
En el operativo de ayer se incautaron dos fusiles, un rifle, una escopeta, una pistola y un revólver, algunas de las cuales pertenecerían al Estado paraguayo. También aparecieron evidencias que fueron robadas del Juzgado de Garantías local, que guardaban relación con un homicidio en el cual habían sido investigados dos policías que estaban al servicio del político Adaro Monzón.
Se trata de un CD donde estaban grabados los datos de teléfonos celulares pertenecientes a los dos uniformados quienes actuaban de guardaespaldas de Benjamín Adaro, y del sicario Luis Javier Ayala (23), quien confesó ser el autor del asesinato del comerciante Pedro Casco Ferrería, que ocurrió en abril del 2014.
Luis Javier Ayala fue condenado a 17 años de prisión, pero los efectivos y otros cómplices o autores intelectuales no fueron condenados porque las evidencias fueron hurtadas, se presume del juzgado de garantías a cargo de Waldemar Ortiz, un protegido de Benjamín Adaro Monzón.
Los investigadores además comprobaron que el ahora imputado por el fiscal Javier Ibarra cuenta con doble identidad con el mismo nombre y apellidos, pero con números diferentes, nombres de padres y madres diferentes y domicilio diferente.