Amarilla conversó con radio ABC Cardinal esta mañana y detalló algunas de las medidas que figuran dentro del texto del proyecto que será tratado esta tarde en la Cámara de Diputados. El proyecto prohíbe el empleo de contestadores automáticos o similares como medio exclusivo de atención al cliente. “No son todos los contestadores, sino los que solo ofrecen contestadores automáticos como única opción” de respuesta al cliente, explicó Amarilla.
“En el proyecto de ley pone que (la aplicación) no solo sea para el sector privado, sino también para las empresas públicas. En ese sentido, el citado proyecto de ley fue modificado por la comisión de Industria y Comercio; nosotros nos allanamos”, explicó. Los cambios que plantea la comisión de Industria, presidida por Óscar González Drakeford (PLRA), son en su mayoría de forma, pero mantienen algunas disposiciones cuestionadas por sectores empresariales, que serán los principales afectados.
Entre los puntos discutidos, el proyecto dispone que las empresas sujetas a la ley, que son las de telefonía, supermercados, comercios, entidades bancarias, financieras y empresas de medicina prepaga, tendrán un plazo de 90 días para adecuar su infraestructura edilicia y tecnológica para atención al cliente. Originalmente, el plazo era de 30 días. A manera de ejemplo, Amarilla puso el caso de las medidas que los bancos aplican dentro de sus oficinas, que son el no usar lentes de sol, celulares o gorros como medida de seguridad. “Si ya están llenos de cámaras de seguridad y otra vez trabajan bajo el manto de sospecha, no solo atenta contra el derecho, sino de manera constitucional”, opinó.
Otra de las medidas que se quiere aplicar con esta ley es la defensa de los vueltos cuando una persona compra un producto. En algunas ocasiones se redondea arbitrariamente o se entregan caramelos. “No nos van a sacar nuestros vueltos de las cajas”, indicó el legislador. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la ley, se remite a la Ley 1.334/98 “de protección al consumidor y al usuario”. Este último punto es cuestionado por los sectores empresariales, ya que consideran que la aplicación de sanciones quedaría al arbitrio de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
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Amarilla concluyó afirmando que esta Secretaría tiene la capacidad necesaria para poder hacer frente a las medidas impuestas por el proyecto de ley.