El contralor García, entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, no solo no accionó a tiempo para apelar la resolución que obligaba a la Comuna capitalina al pago de US$ 3,6 millones a la firma Ivesur, sino que también utilizó un documento de contenido falso para hacer figurar que supuestamente presentaron el recurso de nulidad.
“Ese escrito (recurso de nulidad contra el laudo arbitral a favor de Ivesur) nunca ingresó en el Poder Judicial”, explicó el fiscal Leonardi Guerrero, quien imputó al contralor por el delito de uso de documentos de contenido falso e investiga una eventual lesión de confianza.
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Según explicó el agente fiscal, las pericias lograron comprobar que el cargo y sello que constaban en la supuesta presentación de la apelación no corresponden a ningún funcionarios de ninguna de las seis salas penales donde se debió presentar el escrito.
El contralor además se expone a ser imputado por lesión de confianza, atendiendo que, al no apelar el laudo arbitral que ordenaba el pago de G. 19.000 millones a Ivesur en una demanda por presunto incumplimiento de contrato contra la Municipalidad de Asunción, esa millonaria suma saldrá de bolsillo de los contribuyentes capitalinos.
El fiscal aún no imputó en ese segundo caso, ya que, según los informes recibidos, la Comuna no tiene previsto desembolsar ese monto y la firma Ivesur aún no ejecutó la sentencia para exigir el pago de esos US$ 3,6 millones.
La investigación se inició luego de que la Municipalidad de Asunción, a cargo de Mario Ferreiro, denunciara el hecho, pese que García fue funcionario designado durante su gobierno municipal.
No obstante, García habría tratado de ser ayudado ante la Justicia, ya que el senador Adolfo Ferreiro (hermano del intendente de Asunción) habría sondeado al propio exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann sobre rumores de la imputación del imputación.
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Fernández Lippmann, envuelto en el escándalo de tráfico de influencias en el JEM, llamó a la propia fiscala del caso en ese entonces, Nadine Portillo, para preguntar sobre el estado de la investigación sobre García.
Según el abogado Osvaldo Granada Salaberry, quien hizo la primera denuncia formal, en ese entonces contra personas innominadas, sobre el caso Ivesur por el presunto perjuicio contra la Comuna, afirmó que considera que en este caso no hubo responsabilidad del contralor, sino de administraciones anteriores y simplemente ahora terminó "estallando" el caso.
"Creo que esta vuelta no hay una responsabilidad suya (del contralor)", afirmó el abogado, que aseguró que actualmente no tiene relación con la Comuna capitalina.
"Metieron la pata desde el inicio y cada administración pateó para la siguiente y en alguna había que estallar", expresó el abogado, quien además consideró que se debería ser cuidadoso en accionar contra el contralor en este momento, ya que falta determinar si realmente la negligencia al presentar el documento fue suya o de algún subalterno.
Afirmó que la pericia de la computadora que fue incautada podría ser la clave para saber si el escrito fue redactado a tiempo o no.