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El abogado Daniel Montenegro Menesez aparece en un contrato privado como persona responsable de haber alquilado el depósito donde fue ocultado el vehículo blindado que supuestamente fue comprado por el grupo criminal brasileño PCC para un atentado en Pedro Juan Caballero, capital de Amambay, según publica el portal PorâNews.
Cabe señalar sobre esta cuestión que la cuestionada agente fiscal Antidrogas de Amambay, Katia Uemura, es esposa del involucrado en el sonado caso. Esta fue designada a la investigación del caso por el propio fiscal adjunto de este departamento, Justiniano Cardozo. Al tener conocimiento de esto, Uemura debió inhibirse del caso.
Dicho caso del contrato privado del alquiler salió a luz tras llegar a la prensa. En el mismo se especifica que en fecha 2 de marzo de este año, el representante del propietario Montenegro estaba consignado hasta el mes de setiembre. Las firmas fueron certificadas en la escribanía de Ana Cristina Vera de Chamorro.
El brasileño Oscar Rafael de Figueiredo (30), oriundo de la ciudad de Dourados de Mato Grosso do Sul, alquiló el inmueble situado en la fracción Solar de Amambay del barrio San Blas, por un valor de US$ 1.500 que corresponderían a unos G. 8.550 millones. Habría presentado documentos falsos, según agentes de la Policía de Brasil.
Agentes de Investigación de Delitos de la Policía en Pedro Juan Caballero llevan adelante las pesquisas relacionada al furgón Mitsubishi Fuso, azul, que fue abandonado por hombres armados en la ciudad brasileña de Ponta Porâ, luego de protagonizar un tiroteo con personal policial durante una persecución el 7 de marzo pasado.
Entre los documentos se halló una facturara de “DM Abogados & CIA”, de Montengro. Las indagaciones de la Policía Civil de Brasil apuntan a que el vehículo salió del galpón vinculado a Montengro, donde permaneció oculto para transitar por la vía pública y luego realizar un ataque contra una alta autoridad del Amambay y empresarios locales.
Curiosamente esta investigación estaba siendo conducida por otro fiscal que trabajaba con apoyo de la Policía del vecino país, pero fue apartado del caso por el fiscal adjunto Cardozo, y en su reemplazo fue nombrado Uemura, manifestando al respecto que la unidad de esta era la competente para investigar el caso.