CSJ rectificará acción que traba declaración jurada

Una acción de inconstitucionalidad presentada por la Corte Suprema de Justicia a través de una medida cautelar suspende los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18 y 25 de la Ley N° 5033/13, en los que se establecen la obligación, los datos a ser declarados y las sanciones contra los que no incumplan las disposiciones.

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Esto, sin embargo, será rectificado, anunció Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, luego de una reunión mantenida esta mañana con los ministros de la máxima autoridad judicial. “Myriam Peña se comprometió a rectificar en parte ese AI, que establece la suspensión, que se va a dejar a salvo la obligación que tienen los ministros de presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas al retirarse al cargo”, detalló, según el informe de la periodista de ABC Color Perla Silguero.

“Le hicimos notar que el artículo segundo de la ley estaba siendo suspendido en sus efectos, y ella se comprometió en la brevedad posible a implementar la revocación de esa parte de la medida cautelar, con lo cual va a quedar firme la obligación de ministros, magistrados y cargos de presentar la ddjj de bienes y rentas”, explicó.

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Al ser consultado sobre si se sabe cuándo se presentará esta acción, dijo que la ministra no dijo fechas. “Habló de la burocracia propia de la sala, pero se comprometió públicamente ante representantes de gremios de todo el país”, indicó.

Esta información fue confirmada por Mirtha Morínigo, directora de Asuntos Jurídicos de la Corte, quien sostuvo que plantearán una aclatatoria con relación al artículo 2, cuya impugnación se solicitó. “Hubo un error material, porque ese es más bien un fundamento antes que una impugnación, en el sentido que este artículo segundo. Voy a pedir la aclaratoria excluyendo de la medida cautelar el artículo segundo”, indicó en rueda de prensa.

Argumentó que todos los funcionarios del Corte, entre ellos, ministros y magistrados, siempre han dado cumplimiento al artículo constitucional. “Lo que atacamos es el nuevo formulario que se aparta de la CN. Seguirán dando cumplimiento de acuerdo a la resolución de la Contraloría del año 2010. “Entré en el formulario y me coacciona a autorizar a abrir cajas fuertes, revisar documentos; no me da la opción de manifestar que no estoy de acuerdo con eso. Se extiende mucho más allá de lo que establece la CN”, alegó.

De momento, los ministros dispusieron que la Contraloría no realice el examen de correspondencia de bienes. La normativa atacada de inconstitucional prevé que el contralor general imponga también sanciones como cesantía del cargo, y según el caso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, sean nombrados o contratados, y de ser electos en elección popular por el término de cinco años y de diez años en casos graves. Se impide que la CGR acceda a los datos de entidades bancarias y financieras, que están obligadas por esta ley a facilitar información, documentación o el acceso a cajas de seguridad. Si se oponen a hacerlo, los antecedentes deben ser remitidos a la justicia.

Otro punto atacado es que el funcionario consigne los nombres de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.