La condición de afectado de brutalidad policial del abogado González Stanley empezó a desdibujarse con el correr de las horas. En redes sociales fue expuesto como una persona que sin motivo alguno fue rodeado y arrestado por policías en una estación de servicio, pero la historia es completamente diferente.

 Poco antes del mediodía fue convocado por la fiscal Noelia Naumann para dar su versión sobre lo ocurrido. Sin elementos ni testigos a su favor, terminó por aceptar los cargos por exposición al peligro en el tránsito terrestre y resistencia al arresto. No llevó una sola persona que pudiera apoyar su primera versión de que fue víctima.

En el video se observa que el letrado, tras ingresar a la estación de servicios a una velocidad poco prudencial y hacer una maniobra brusca, es abordado por un policía. En actitud violenta, el abogado empuja y golpea al uniformado sin provocación aparente.

El comisario Aldo Rubén Benítez, jefe de la comisaría de Mariano Roque Alonso, contó más temprano a ABC Color que el hombre primero empezó a insultar al policía por intentar identificarlo al entrar al predio y al bajar del automóvil lo golpeó.

A raíz de esta agresión es que el policía agredido solicitó refuerzos y minutos después el abogado fue reducido por al menos media docena de policías, hecho que fue grabado por una mujer y viralizado en redes sociales, reflejando solo una parte de lo sucedido con un relato que desprestigia a los uniformados.

De hecho, el abogado González Stanley tiene antecedentes por conducta violenta y prepotente. En agosto de 2016 actuó como representante de un joven que fue detenido por exposición al peligro en el tránsito y acudió hasta la comisaría de Mariano Roque Alonso para sacarlo a la fuerza.

En un video captado por policías, se lo ve agrediendo a un policía de guardia, y al percatarse de que estaba siendo grabado, afirma que nunca golpeó a nadie.

En 2012, un joven lo denunció por haberlo golpeado con un palo que le causó una seria lesión en el ojo derecho. El letrado además tiene antecedentes por apropiación y producción de documentos no auténticos (2017).