La directora de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, Patricia Doria, y la de Comunicación, Élida Favole, fueron las encargadas de brindar una conferencia de prensa esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado. Informaron que no abrirán las puertas a la Contraloría porque no confían en el contralor ni en los encargados de hacer la auditoría a la gestión de la fiscala general, Sandra Quiñónez, reportó la periodista de ABC TV Lorena Aponte.

Se dio a conocer que en caso de cambiar a José Enrique García, la Fiscalía podría aceptar la intervención de la CGR. Recientemente, la Corte otorgó una medida de urgencia a favor del Ministerio Público para que sea el Tribunal de Cuentas el que tenga la prioridad de indagar al Ministerio Público. En la práctica, la resolución deja fuera de acción a la Contraloría General.

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Asimismo, en la conferencia de hoy se cuestionó que uno de los funcionarios de la Contraloría designados para auditar a la Fiscalía General del Estado, Édgar Cáceres Fernández, está acusado por lesión de confianza, apropiación y estafa. El caso es de 2017 y se investiga un desfalco de G. 2.000 millones en contra de los miembros de una asociación de funcionarios. Ahora está como supervisor del equipo auditor.

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Las acusaciones mutuas evidencian un enfrentamiento entre García y Quiñónez. Los roces se iniciaron cuando la Fiscalía imputó al contralor por el caso Ivesur, por una supuesta negligencia cuando era asesor jurídico de la Comuna de Asunción y que provocó un perjuicio de US$ 3,6 millones a los contribuyentes.

Ahora, la Contraloría denuncia que la Fiscalía ignoró informes de corrupción en órganos del Estado por G. 45.000 millones y busca auditar sus cuentas.