El resultado de la auditoría externa reveló la "desaparición" de ese monto de dinero en el período 2013-2015, durante el cual se sucedieron cuatro intendentes: Juan Schmalko, Élida Bartonchelo, Joel Maidana -la administración más comprometida- y Hugo Barreto, todos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
La denuncia la realiza el jefe comunal encarnaceno ante el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, en una audiencia a realizarse desde las 9:00.
La investigación revela que para 2015 los préstamos generaron intereses que abarcaron devengamientos no registrados en la porción del año en curso. La suma de los intereses devengados ascendió a más de G. 634 millones, según datos aportados por los bancos.
Parte del resultado de la auditoría ya fue revelada a finales de febrero y puso en evidencia que, entre obligaciones bancarias a corto plazo, deudas no pagadas y retenciones a pagar, trepan a G. 28.671.544.602. Otra irregularidad es el maquillaje de la deuda, que en el balance general se expusieron los descubiertos bancarios como “negativas de activo” y, de acuerdo a principios contables, debieron ser expuestos como “pasivos”.
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Las autoridades municipales predecesoras realizaron préstamos sin autorización de la Junta Municipal y en algunos casos fueron depositados en un “fondo común”, cuyo uso se desconoce.
Ciertos créditos eran solicitados para cubrir gastos corrientes, como pago de remuneraciones, algo que está prohibido por la Ley Orgánica Municipal. También se detectaron que existen préstamos “encubiertos”, autorizados para la compra de bienes de uso, pero también iban a la caja común.