Durante el desalojo realizado en Villa Ygatimí fueron desmanteladas 10 casas y una escuela, afectando directamente a 132 niños, dictó un comunicado a la prensa de la CDIA, organización que nuclea a 27 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para defender, vigilar y promover los derechos de niños y adolescentes.
“Reprochamos el no tomar como prioridad el interés superior del niño, comprometiendo el derecho a la educación, salud y medio ambiente adecuado para un desarrollo integral digno”, aseguró el documento.
La organización también denunció un constante “clima de inseguridad y zozobra generado por el Estado paraguayo” que no garantiza los derechos humanos de comunidades indígenas y además viola sus derechos.
“Responsabilizamos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la falta de políticas públicas, el nulo control del Parlamento y la inacción de la justicia por preservar estos derechos”, detalló el comunicado.
Solicitaron también a las respectivas autoridades a tomar las medidas necesarias para revertir esta situación.
El juez de Curuguaty, Carlos Goiburú Bado, firmante de la orden de desalojo de los 170 indígenas que ocupaban la propiedad de 600 hectáreas conocida como finca 170, restituyó de forma provisoria el terreno a esas personas, dueñas ancestrales del sitio. Sin embargo, la restitución se dió después del desalojo.
El magistrado “borró con el codo” el mandato anterior, al percatarse de la “evidente indefensión” de la comunidad en actuaciones procesales recaídas en el juicio de interdicto de retener la posesión, iniciado por el empresario de origen brasileño Paulo Ferreira de Souza.
Algunos referentes indígenas se apostaron hoy frente al juzgado de Curuguaty exigiendo que el juez Carlos Goiburú Bado sea procesado por ordenar el desalojo de los nativos.