Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), comentó que las anomalías publicadas en el portal de la institución, respecto al contrato para el “Superviaducto”, fueron detectadas mediante verificaciones realizadas por la anterior administración.
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“A partir de este momento nos toca imprimir todos los trámites jurídicos para la detección de potenciales irregularidades administrativas, es decir, potenciales incumplimientos a la Ley de Contrataciones Públicas, desde el proceso de elaboración de documentos contractuales como eventualmente la responsabilidad del contratista”, detalló en contacto con ABC Cardinal.
Asimismo, señaló que la denuncia podría presentarse o incorporarse a un procedimiento ya existente en el Ministerio Público, luego de estos trámites jurídicos que se están realizando. “Específicamente, la investigación de oficio y eventuales sumarios a proveedores del Estado que normalmente origina material útil tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General de la República”, detalló.
Explicó que remitirán primero esos informes a la Contraloría, a los efectos de que realice un “control de ejecución presupuestaria y de verificación de utilización de recursos financieros”, para que luego el material investigativo que reciba la Fiscalía sea completo.
Por otra parte, comentó que cuando surgen denuncias públicas o anónimas sobre presuntas anomalías en contratos públicos, todos ingresan al sistema. Además, ya cuentan con una lista de instituciones públicas en las cuales ingresarán para realizar las verificaciones.
Entre los puntos cuestionados por la DNCP se encuentra el pago por encima de lo previsto. Se había autorizado una ampliación del monto del contrato en G. 3.133 millones, pero finalmente se abonó G. 3.669 millones.
Además, detectaron que se utilizaron materiales más económicos que los previstos por el proyecto original. Además, con la verificación in situ, encontraron grietas en las paredes del túnel, daños en las vigas del viaducto y varillas expuestas, además de deformación en la rampa de acceso. Todos estos detalles están expuestos en la página digital de la Dirección de Nacional de Contrataciones.
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La empresa encargada de la construcción del “superviaducto”, Isolux, es una empresa nombrada de forma insistente en los “Cuadernos de la corrupción” de Argentina. El Ministerio Público no actuó ante las denuncias de supuestos pagos a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por parte de la misma firma.
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica ordenó el archivamiento de una investigación penal de lesión de confianza y asociación criminal contra del exministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona y otras autoridades de la institución por este caso.