El Ministerio Público comprobó numerosas irregularidades en el procesamiento de préstamos por parte de los actuales directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos.
Pese a las graves acusaciones hacia los dirigentes, todos imputados, siguen al frente del Consejo de Administración, lamentaron dirigentes de la Asociación de Jubilados de Bancos Privados durante una visita a la redacción de nuestro diario.
La acusación se encuentra dentro del marco legal del hecho punible de lesión de confianza, por lo que consideran inadmisible que los dirigentes imputados sigan al frente de la institución.
Cabe señalar que la fiscala Victoria Acuña imputó ya en enero pasado al presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, y a los miembros del Consejo de Administración: Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera.
A su vez, imputó a César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones y representante legal de la firma Karaku SRL, empresa de fachada desde donde se desviaron más de G. 400 millones, aunque la suma podría trepar a casi G. 4.000 millones, de acuerdo con una pericia.
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Esta situación de la Caja Bancaria surge en medio de un debate sobre un proyecto de Ley para la supervisión de fondos jubilatorios.
Al respecto, Abel Florentín, titular de la Asociación de jubilados bancarios, señaló que la supervisión sobre quienes manejan los fondos jubilatorios es muy necesaria para prevenir actos que pongan en riesgo los recursos de los aportantes y para evitar que directivos imputados por lesión de confianza sigan al frente como en este caso.