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“Empezamos con consultas a Petropar (...) respecto a justamente por qué se utiliza la vía de ejecución a través de Programa de las Naciones Unidas. Existe esa vía, siempre y cuando esté prevista en la ley”, dijo esta mañana en ABC Cardinal el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz.
Informó que se decidió investigar de oficio, en base a las publicaciones de ABC Color sobre las contrataciones para Petróleos Paraguayos SA (Petropar), sin que se publiquen en el portal de la DNCP. Son adjudicaciones que se hacen a través de un convenio de US$ 7,6 millones entre la empresa estatal y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de duplicar la producción de alcohol en la fábrica de de Mauricio José Troche, Guairá.
Seitz informó que solicitó a la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, todos los antecedentes legales de por qué no se está utilizando la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas. “De no existir justificación legal, entonces nosotros emitimos una resolución, dejando en claro que esa licitación o ese procedimiento de contratación no puede ser implementado”.
Aclaró que existe posibilidad legal de usar una metodología de contratación paralela, pero debe ser una autorización expresa en una ley, es decir, que haya sido aprobado por el Congreso. Detalló que puede ser en leyes de convenio con organismos laterales, en las leyes que aprueba un préstamo o en la misma Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Después de publicar las declaraciones de Pablo Seitz, la titular de Petropar se comunicó con el ABC Color y aclaró que la DNCP no le solicitó documentaciones ni se abrió una investigación. "El director de Contrataciones nunca se comunicó conmigo ni me pidió un solo papel", dijo Samudio.
Ayer afirmó que no está eludiendo ninguna norma al contratar a través del PNUD, pero no supo explicar en qué se fundamenta la excepción. Al respecto, hoy dijo que cuenta con un dictamen que habilita eludir el proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.
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El Programa de las Naciones cobra una tasa de entre el 5% y 7% para administrar este tipo de proyecto. Además de Petropar, otras instituciones públicas, como los ministerios del Ambiente, Hacienda, Educación y Desarrollo Social, y hasta la Corte, usan esta modalidad que permite evadir los procesos públicos y transparentes de las millonarias contrataciones a favor del Estado.
Pablo Seitz aclaró que empezaron con Petropar, pero que seguirán pidiendo informes a las demás entes señalados.
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La primera etapa del plan es de US$ 3,3 millones y ya se firmaron dos contratos: uno por unos G. 4.800 millones para el mantenimiento del molino de caña dulce con TGM Weg Energy-WEG SA, representado por Rui Sergio Mendes, y el otro por G. 1.481 millones para obras complementarias en la destilería, con la firma Sena Ingeniería SRL, a cargo de Carlos Alberto y César Augusto Sena.
En las otras dos adjudicaciones están pronto a firmarse, explicó el asesor jurídico de Petropar, Luis Velázquez. Detalló que el consorcio Sertec, representado por Marcial Delgado, ganó un contrato de casi G. 12.900 millones para mejoras también del trapiche, trabajos de inspección y readecuación civil, obras en el área de preparación de caña y proveer servicios complementarios en la caldera y destilería. El otro contrato pendiente de firma es para el servicio de ensayos no destructivos y recuperación de piezas, con el consorcio Electro-MEC SA, representado por Roberto Rodríguez, por G. 675 millones.
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Por otro lado, se encuentran pendientes de licitación tres consultorías para la ampliación de la planta: de fiscalización, de administración y de provisión de fertilizantes. Esta última está suspendida de momento para evacuar consultas de oferentes, según Patricia Samudio.
Explicó que la segunda etapa del proyecto contempla la construcción de un nuevo molino. El objetivo es llegar a producir 40 millones a 45 millones de litros de alcohol por zafra.