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La ex fiscala del Ambiente María Bernarda Álvarez dijo que el interés real de cazar a estos animales se relaciona con el negocio de las pieles, que son muy valoradas en Europa para la producción de carteras y calzados.
En 2003 se pagaba a miembros de comunidades indígenas G. 10.000 para cazar los animales y luego usar su piel. Ni siquiera la carne era aprovechada para la alimentación, recordó.
La caza “autorizada” del teju fue objeto de investigación judicial hace algunos años. De hecho, se llegó a procesar a funcionarios por el otorgamiento discrecional de los cupos para realizar la caza, indicó la exfiscala en contacto con la 730 AM.
Justamente, Martha Motte, funcionaria de la Secretaría del Ambiente (Seam) que defendió hoy la medida adoptada por la institución, estuvo procesada por este caso, en el que otorgaron los cupos para caza sin hacer estudios poblacionales, comentó Álvarez.
El que sería su marido, Wilfrido Sosa, también estuvo imputado por este caso, pero ambos fueron absueltos, mencionó Álvarez. Dijo que el hombre se desempeña actualmente como jefe de Gabinete de la secretaría estatal.
Motte intentó justificar hoy la situación al señalar que “prefiere” utilizar la palabra “cosecha” antes que hablar de una “carnicería”.
Insistió en que los 214.000 teju guasu a ser cazados no representan una cifra que pueda poner en peligro a la especie.
La resolución N° 632/14 de la Seam “establece el periodo de caza y autoriza el acopio, tenencia, transporte y comercialización de 214.000 unidades de teju guasu hũ (Tupinambis merianae) y teju guasu pytã (Tupinambis rufescens)”.
La institución usó como argumento un estudio realizado hace más de 15 años. No cuenta con un estudio actual sobre la población de teju.