Veinte personas fueron imputadas el pasado 19 de mayo por la fiscala Victoria Acuña dentro de una investigación por el desvío de G. 35.000 millones ocurrido cuando el liberal Enzo Cardozo fue ministro de Agricultura, desde 2009 hasta 2012, durante el gobierno de Fernando Lugo. Figuraron contadores, consultores, proveedores del Estado y fiscalizadores del Ministerio de Agricultura, pero el que no figuró fue Cardozo, quien firmó las resoluciones para que se libere el dinero.
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Esta liberación, a la larga, tendría un precio: en junio pasado, un pacto entre el cartismo, llanismo y luguismo removió a Adolfo Ferreiro como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura. En su lugar colocaron a Enzo Cardozo. Los disidentes aseguran que este pacto violó la Constitución Nacional, ya que los representantes en el Consejo solo pueden ser removidos a través de un juicio político.
Cardozo ocupó su cargo contra viento y marea y se convirtió en un miembro más del Consejo de la Magistratura, como lo hizo también el diputado Clemente Barrios, un cartista que entró en lugar del disidente Julio Ríos gracias al mismo pacto.
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El jueves pasado, los miembros del Consejo —entre los que estaba Cardozo— votaron por unanimidad por la terna compuesta por Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y Victoria Acuña.
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Es decir, Cardozo fue uno de los que votaron por la persona que debió investigarlo meses antes en el caso del multimillonario desvío de G. 35.000 millones dentro del MAG.
A todo esto se suma la negativa de este Consejo de dar a conocer los parámetros a través de los cuales eligió a esta terna. Acuña, por ejemplo, tiene un magro promedio de 2,41 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.