El galeno, imputado por lesión grave, explicó a ABC Cardinal que la intervención quirúrgica que dio origen al conflicto se practicó en julio de 2010 al paciente Marciano Modeiros (53), agricultor de la Colonia Nueva Aurora, distrito de San Rafael, departamento de Itapúa, a quien -según la denuncia- se le extirpó un riñón sin su autorización.
Benítez se excusó primeramente diciendo que ni siquiera estaba en el sanatorio en ese momento, porque se encontraba recién operado de la cadera y tenía autorización de su traumatólogo solo para hacer consultorio. “Me imputaron para que puedan sacarme plata, una imputación por ser director del sanatorio. En una denuncia previa, este señor dijo que yo le operé”, expuso el propietario y reclamó que el fiscal del caso, Erico Ávalos, lo imputó “sin ninguna investigación previa”, ignorando que el hecho de la imputación forma parte del acto investigativo.
Sobre la acusación de que habría participado de la operación, el Dr. Benítez se definió como gíneco-obstetra, por lo que no pudo tomar partido en una operación urológica. En este caso también está siendo investigado Marcos Aníbal Villagra García. En cuanto al documento de autorización para la realización del procedimiento, manifestó que desde que se abrió el sanatorio, hace más de 15 años, “no internamos ningún caso si el paciente no nos autoriza. Este paciente firmó y, como dudábamos de su firma, por su mala caligrafía, le pedimos documentos autenticados”.
Los antecedentes que constan en la carpeta fiscal sostienen que Modeiros dio su consentimiento para la operación, pero no para la extirpación de uno de los órganos. Tras recibir el alta, empeoró su estado de salud. A raíz de ello, se vio obligado a consultar en otros hospitales hasta que le confirmaron que le habían extirpado el riñón izquierdo y que los dolores intensos eran a consecuencia de eso. La denuncia fue presentada recientemente por el agricultor. Agrega el informe de la Fiscalía que la praxis médica dejó con graves secuelas en la salud física y psicológica al paciente afectado.
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“Están mintiendo, tenemos elementos contundentes para responder a todas estas mentiras”, exclamó el propietario del sanatorio y aseguró que todo se trata de una maniobra “para sacar plata, la única finalidad. Ni el propio paciente sabe lo que está haciendo el abogado; vive lejos, ni televisión paraguaya hay, ni del 20% de lo que pasa estará enterado”. Afirmó contar con todos los elementos contundentes para hacer frente al caso, al que califica de “una maniobra extorsiva”, ya que dijo que le solicitaron US$ 50.000 para que se retire la denuncia. Incluso, existe influencia política, sostiene, aunque no dio nombres.
Mientras tanto, Adolfo Ayala, uno de los abogados del afectado, indicó que la firma en la autorización médica de cirugía no es la de Medeiros, asegurando que éste no firmó documento alguno. También mencionó que su cliente es de escasos recursos y que recién se realizó la denuncia después de casi seis años porque no tenía cómo pagar a un abogado.