Tira fardo a excomandante

El excomandante Luis Rojas fue quien había ordenado el traslado de Marcelo Pinheiro a la Agrupación Especializada, según aclaró la jueza Lici Sánchez. Cuestionó que la Policía intente culpar al Juzgado y deslindar responsabilidades.

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La jueza Lici Sánchez cuestionó que la Policía Nacional culpe al Juzgado por ordenar cumplir la prisión de Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, en la Agrupación Especializada. Aseguró que eso es falso, puesto que el excomandante Luis Rojas fue quien, “sobrepasando toda la autoridad de un juez”, ordenó su traslado desde el Penal de Emboscada hasta la Agrupación Especializada, para evitar un supuesto proyecto de fuga.

“El entonces comandante ordena el traslado y le comunica al Juzgado de la decisión adoptada e incluso indica en su nota que ha sobrepasado las normas del debido proceso, entonces dejemos de repartir culpas”, manifestó Sánchez esta mañana en contacto con ABC Cardinal.

Además, destacó que el juez no es el responsable de tener “lugares seguros de reclusión” y todas las penitenciarías están a cargo del Ministerio de Justicia. “Si ellos me dicen que todos sus centros no son seguros (sic) y me ofrece la Agrupación Especializada, qué puedo hacer sino enviarle ahí”, agregó.

Por otra parte, la jueza habló sobre la figura de la expulsión y señaló que es una “experiencia inédita”, al menos para ella, puesto que Pinheiro estaba aún dentro de un proceso de extradición que está establecido dentro de un tratado internacional del Mercosur y se sobrepasó toda autoridad judicial con la orden de la Presidencia.

Destacó que se debería abrir un debate e instalar la figura de la expulsión dentro de los tratados. “Creo que ameritaría que la Corte Suprema de Justicia redacte un instructivo; no sé como va hacer, porque es una nueva situación”, declaró.

Además, señaló que este tipo de situaciones escapan por completo de los procesos normales. “Te encontrás con que había sido había una solución rápida y no la tomamos, por eso es hay que instalarlo jurídicamente, debatirlo, incorporarlo y hacer que el juez también lo aplique correctamente”, recomendó la magistrada.

Además, señaló que mínimamente debe haber sanciones administrativas, puesto que la Policía Nacional toma decisiones sin siquiera comunicarlas al juez. 

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