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La fiscala antidrogas Lorena Ledesma informó que convocarán al recientemente destituido director de Policía de San Pedro, comisario general inspector Cristino Aranda. Lo más probable es que sea esta semana, adelantó.
La representante del Ministerio Público indicó que investigarán si hay autoridades policiales involucradas en un procedimiento extorsivo a una banda de narcotraficantes que descargaba 302 kilos de cocaína en el departamento de San Pedro.
"El jefe de orden (director de Policía) es la persona encargada, o el que tiene la facultad de aglutinar varias fuerzas en una región. Ahí había gente de la GEO, gente de la comisaría, gente de inteligencia. Entonces es imposible que esa persona, que seguramente va a ser convocada esta semana, no tenga conocimiento de qué es lo que efectivamente este grupo de personas hacía en el lugar", afirmó esta mañana a ABC Cardinal.
En el “Operativo Espada”, la Fiscalía y la Secretaría Antidrogas (Senad) buscaban desbaratar una banda de narcotraficantes e incautar una carga de cocaína.
El procedimiento fue el viernes último en la colonia Hugua Guasu, General Aquino, y los intervinientes encontraron que unos seis policías estaban en el lugar junto a un informante y los cinco presuntos criminales que acababan de aterrizar con una aeronave proveniente de Bolivia que trasportaba cocaína.
Los agentes policiales argumentaron que estaban en medio de un trabajo de inteligencia, pero no tenían orden de trabajo ni ningún documento que los respalde. De igual forma, ingresaron a una propiedad privada sin orden de allanamiento.
Ahora la Fiscalía sospecha que los policías estaban extorsionando a los narcos y les pedían US$ 100.000 para dejarlos en libertad y dejar pasar la droga.
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Una investigación interna del subcomandante de Policía, Eladio Sanabria, indica que Cristino Aranda tenía pleno conocimiento de que los policías iban a interceptar una avioneta narco.
El exdirector de San Pedro deslindpó responsabilidad. Afirmó que solo sabía del trabajo de inteligencia y culpó al oficial en cargado de la investigación, el oficial primero Édgar Diosnel Sosa Melgarejo, uno de los arrestados.
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Los 12 arrestados en el operativo fueron imputados y enviados a la cárcel con prisión preventiva. Los hechos punibles atribuidos son tráfico internacional de droga, comercialización, posesión, facilitación de servicios en el tráfico para el transporte aéreo y terrestre, extorsión agravada y transgresión a la Ley 1340, que se da cuando el funcionario público (en este caso un policía) omite comunicar la existencia de hechos relacionados al narcotráfico.
Cinco de los detenidos prestaron declaración indagatoria ante la Fiscalía y detallaron cómo se dio la extorsión de los seis uniformados. Estos, por su parte, se abstuvieron de declarar.