El abogado Guillermo Duarte Cacavelos expresó en contacto con ABC Cardinal su disconformidad con el pedido de sobreseimiento del suboficial de la Policía Arnaldo Báez, implicado en los hechos ocurridos la noche del 31 de marzo.
Según dijo el defensor de la familia de Rodrigo Quintana, desde un principio ha cuestionado la imputacion hecha por Aldo Cantero. “El fiscal Cantero lo imputó por un hecho que ocurrió después del crimen de Rodrigo, que tenía que ver con una coacción a Diego Garcete, pues se ve en las imágenes que impidió a este joven auxiliar a Rodrigo, pero imputó mal”, enfatizó Cacavelos.
El abogado comentó que ya pidieron de forma insistente a los fiscales un redireccionamiento de la investigación, y que se impute a Báez por su participación en la muerte de Rodrigo Quintana.
“Báez es el oficial de casco blanco que se observa en el video, el que patea la puerta del PLRA y logra abrir la puerta y vencer la resistencia de los jóvenes”, argumentó Cacavelos.
El jurista remarcó que siempre sostuvieron que Báez era “al menos cómplice de la muerte de Rodrigo”, pero, a pesar de eso, el uniformado nunca fue imputado, así como tampoco los demás policías que posibilitaron que el suboficialGustavo Florentin ingrese y dispare, aseveró el abogado.
Según Cacavelos, la Fiscalía no ha aceptado su hipótesis, porque esto implicaría admitir que hay alguien que dio la orden para cometer estos hechos, y el Ministerio Público ha negado esta versión. “(Aceptar)eso es algo que la Fiscalía se rehusó desde un principiohoy se termina de materializar la impunidad en el caso 31 M”, opinó el jurista.
Recordó, por otra parte, que el mismo suboficial Gustavo Florentín dijo desde un comienzo que recibió órdenes del comisario Amado Cantero.
“Pero todo lo que proponíamos y proponemos a la Fiscalía siempre era y es para ‘atacar al gobierno de turno’. Y así, se perdía de vista la lógica”, lamentó Cacavelos.
La versión que el Ministerio Público insiste en dar, según el abogado, es que los efectivos “tenían permiso legal para ingresar de la manera que ingresaron al PLRA”.
Ahora, el siguiente paso es una audiencia que el defensor tendrá con el juez Alcides Corbeta. “Ahí vamos a exponer nuestros argumentos”, señaló, al tiempo de pedir que sea la fiscal general “quien asuma la responsabilidad de definir cómo se va a cerrar este caso”.