Javier Díaz Verón, titular del Ministerio Público, aclaró que hasta el momento solo se cuentan con publicaciones periodísticas, por lo que se pedirán informes a las instituciones respectivas, entre ellas la Sindicatura de Quiebras.

Comentó que ya la Unidad de Delitos Económicos inició los primeros análisis para determinar si hubo irregularidad en la compra de unas 5.700 hectáreas, acordada entre el Indert y la empresa San Agustín, por un valor de G. 46.900 millones.

Los investigadores buscarán acceder a los documentos originales para estudiar un posible hecho punible y -en caso de confirmarse esto- abrir una causa penal.

“Siempre partimos de que si se dan las circunstancias y presupuestos de punibilidad, se abre una investigación”, manifestó, en contacto con ABC Color.

Garantizó que quienes resulten sospechosos de un eventual negociado o manejos turbios en este acuerdo de compra serán investigados.

“Sea quien sea, será investigado. Para nosotros nadie está por encima de la ley”, sostuvo.

El Indert ya había autorizado el desembolso a favor de la empresa San Agustín, vinculada al oviedismo, el pasado Miércoles Santo.

El pago debía ser confirmado en la víspera por el BNF, sin embargo a último momento un síndico de quiebras Raúl Silva alertó sobre una medida cautelar que impedía la transacción.

Finalmente, los directivos de la banca estatal sesionaron en forma extraordinaria hasta altas horas de la noche del lunes y decidieron suspender el pago.

El acuerdo de compra de tierras entre el Gobierno y la empresa conformada entre otros por Lidio Oviedo Moreno se cerró mientras continúan las negociaciones electorales entre el PLRA, actual partido en el poder, y el Unace.