Demoliciones: franja en disputa con el MOPC

La franja donde se derrumbaron los edificios comerciales en Ciudad del Este pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y no a la municipalidad local, por lo que esta no puede hacer ninguna obra sin permiso de la cartera estatal.

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Fue lo confirmado por el asesor jurídico del Ministerio de Obras, Dionisio Mereles, en contacto con la 780 AM. El jurista contó también que el lunes, luego de que se hayan enterado de las demoliciones, enviaron una notificación al respecto a la Municipalidad de Ciudad del Este.

La nota decía que como la franja es del MOPC, ni la comuna ni nadie más puede emprender algún proyecto en el lugar sin antes pedir permiso a Obras Públicas. Esta nota aún no fue respondida hasta el momento a la asesoría jurídica del ministerio, resaltó Mereles.

“Independientemente al conflicto que se está dando, esta franja le pertenece al ministerio. No recibimos ninguna información oficial de la Municipalidad (de Ciudad del Este) sobre lo que se pretende hacer en adelante”, manifestó el abogado.

La demolición fue realizada en cumplimiento de una dudosa orden del juzgado. Todo esto, para que se construyan casillas que serían a su vez alquiladas, denunciaron los abogados de los comerciantes. 

Mientras tanto, la demolición de locales comerciales del paseo central ubicado entre la avenida Monseñor Rodríguez y la Ruta VII, en Ciudad del Este, desató una crisis política que envuelve a Javier Zacarías Irún, dirigente político colorado y esposo de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

Las autoridades municipales acusan a la Policía Nacional de no acompañar los procedimientos por cuestiones políticas e incluso denunciaron judicialmente por “desacato” al jefe departamental de la Policía Nacional, Marildo Rojas, quien fue maltratado por Zacarías Irún al “recibir” las indicaciones para resguardar la demolición. El audio de esta conversación fue filtrado y viralizado en las redes sociales. 

Según el político, él solamente se limitó expresar su derecho como ciudadano al recriminar a un comisario. “Yo me ratifico en todos los términos de lo que hice, pero no van a tener una grabación mía pidiendo coimas o pidiendo algo ilegal o sexual, hablé con firmeza pidiendo que se cumpla la constitución, porque la Policía está protegiendo lo ilegal”, enfatizó ayer, en contacto con la misma emisora.

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