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El cuestionado diputado liberal Carlos Portillo se vio beneficiado por sus pares en la sesión de este martes, a pesar de que el Ministerio Público solicitó el juicio oral para el mencionado por tráfico de influencias, ilícito que quedó al descubierto a través de los audios emitidos por radio ABC Cardinal.
En las numerosas marchas y escraches realizados contra el diputado liberal, los indignados advertían de una posible defensa corporativa para Portillo a través de las continuas postergaciones para el tratamiento de la pérdida de su investidura.
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De esta manera unos 58 diputados se “abroquelaron” en torno a Portillo, aprobando un engorroso proceso para expulsar a un parlamentario imputado por irregularidades en el ejercicio de la función pública. En ese sentido se optó por la figura de una ley en lugar del reglamento interno.
La ley aprobada en general establece que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tendrá la atribución de expulsar a un componente del Poder Legislativo. De esta manera, los parlamenarios evitan juzgarse entre sí tal y como ocurrió con el ahora exsenador Oscar González Daher, recluido en la Agrupación Especializada.
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Gracias a una mayoría de 58 votos, Portillo seguirá ostentando los privilegios del cargo sin ser molestado por la justicia.
Cabe mencionar que ahora queda pendiente el estudio de los artículos, varios de ellos posiblemente sujetos a modificaciones, luego se remitirá al Senado para su estudio y luego a consideración del Ejecutivo. Por lo tanto, los plazos favorecen abiertamente al cuestionado diputado liberal.
De acuerdo a los elementos recogidos por la fiscal Liliana Alcaraz, Portillo solicitó 3.000 dólares a una procesada a cambio de una resolución favorable de su expediente.